Hace algún tiempo veíamos a
través de la televisión y el cine colombiano aquellas experiencias que nos
resultaban tan lejanas, referidas a personas que pasaban varios años
secuestradas por la guerrilla. Personas sometidas a un presidio ilegal, en
muchos casos en medio de la selva, aguardando cual mercancía, para ser canjeada
por criminales convertidos en políticos armados. En Venezuela nos resultaba
harto difícil siquiera imaginar la posibilidad de pasar los días, semanas,
meses y años conscientes de que nuestra libertad se reducía a la decisión de
unos pocos.
En medio de la aberrante ola
represiva que la dictadura de Nicolás Maduro ha desplegado con el propósito de
perpetuarse en el poder, son centenares los hombres y mujeres que hoy abarrotan
las mazmorras chavistas de Ramo Verde, el Sebin y otros sitios de represión-reclusión
improvisados para mantener a quienes han sido detenidos por pensar distinto. Y
más que detenidos se trata de secuestrados por un régimen que invierte más en
perdigones y lacrimógenas que en libros y medicinas. Sin embargo, una de las
más emblemáticas secuestradas del chavismo, por aquellos años donde todavía
contaban con ingentes recursos para acallar conciencias de pobres, clase media
y ricos, fue la libertad de expresión.
Un 28 de mayo de 2007 por orden
del fallecido Hugo Chávez Frías, un capítulo de nuestra historia que se
remontaba a 1953, llegó a su fin. A través de la hegemonía mediática que ya
para aquel entonces tenía el gobierno, se hicieron grandes esfuerzos por
imponer la vaselina semántica. No se trataba de un cierre sino del “fin de la
concesión”. El problema es que ese “fin de la concesión” condujo a lo que todos
sabíamos: el cierre de Radio Caracas Televisión.
Antes de 1998 en la imperfecta
democracia venezolana, en aquel sistema corrupto, clientelar e ineficiente, no
fueron pocas las muestras emblemáticas de la diferenciación entre Estado y
gobierno. El mejor ejemplo es el de los militares que en la madrugada del 4 de
febrero de 1992 se sublevaron en contra del sistema: usaron su condición de
soldados y las armas de la República para atacar instituciones, provocaron más
de 300 muertos, daños materiales e inmateriales, y solo purgaron dos años de
cárcel sin llegar a tener sentencias firmes por sus delitos. Hoy conocemos cómo
en más de una ocasión se decidió desaparecer a los llamados “golpistas” y a la
vez cómo funcionarios, jueces y fiscales levantaban teléfonos, conversaban y
evitaban que la venganza enviara directamente al cementerio a la cofradía militarista
que hoy destruye a Venezuela cual cáncer.
Quienes nos formamos en los
valores de la democracia, en los días previos al 28 de mayo de 2007, nos aferrábamos
a la posibilidad de que un tribunal, la defensoría del pueblo o algún funcionario
emitiera algún tipo de medida cautelar que pusiera freno a la reducida visión
de Hugo Chávez sobre la política y la moral. Conscientes de que los medios de
comunicación a finales de los noventa habían obrado activamente en la
destrucción de la democracia, claros de que la televisión venezolana no era
necesariamente el mejor ejemplo de calidad en cuanto a producción y
programación, veíamos a RCTV como una ventana de libertad para la disidencia, a
la que tal vez alguien desde las instituciones protegería en sentido
categórico; es decir, pensando en mantener espacios abiertos para la crítica y
el libre pensamiento.
No fue así. Un Hugo Chávez
devenido en dueño y señor de las riquezas, de las instituciones y del país en
general, impuso su visión y aquella fatídica noche le puso fin a un capítulo de
la historia de la libertad de expresión, a la vez que inicio uno más en el
relato de la opresión.
Es noche fuimos víctimas de la
represión a nivel nacional. Los perdigones y las lacrimógenas aparecieron cual
plaga hiriendo y destrozando vidas. Esa noche incluso pude sentir como una
especie de martillazo endemoniado dejaba en mi rostro una cicatriz para nunca
olvidar lo duro que golpea la represión de un gobierno militarista.
No obstante, ese acto de tiranía
desenfrenada por parte de un hombre en contra de las mayorías, logró gestar un
llamado a la conciencia en la conducción de la resistencia contra el autoritarismo,
y así vimos como desde las universidades jóvenes de todas las clases sociales
decidimos ser un factor decisivo en la conducción política de nuestro país; nació
el movimiento estudiantil de 2007. Del que formaron parte quienes precisamente
hoy dirigen la resistencia contra la dictadura de Nicolás Maduro, y del que en
mayor o menor grado formamos parte mucho de los que hoy cumplimos funciones
como servidores públicos en las instituciones ganadas como espacios para la
democracia.
Desde vicepresidente de la
Asamblea Nacional, diputados, alcaldes, concejales, funcionarios, profesores,
jefes de partidos, pasando por presos o perseguidos políticos, militantes,
activistas y luchadores por la democracia en general tenemos en el movimiento
de renovación política que tuvo en el cierre de RCTV un referente para el
llamado a la acción.
Ahora bien, hoy no solo la
libertad de expresión se encuentra secuestrada por la dictadura. La democracia
corre el riesgo de ser ajusticiada luego de que los traficantes del poder que
integran el partido nacionalsocialista unido de Venezuela junto a los gorilas
rabiosos de las fuerzas armadas y sus paramilitares la han violado, torturado,
vejado y humillado. A falta de recursos para mantener el aparato clientelar, la
dictadura pretende extorsionarnos y hacernos entregar el futuro a cambio de que
paguemos con nuestra libertad.
La dictadura sigue insistiendo en
cerrar las puertas del siglo XXI a Venezuela. Pero hoy somos millones los que
en las calles no descansaremos hasta ver libres a los prisioneros de esta
oscura etapa de nuestra historia. ¡VOLVERÁ RCTV Y TAMBIÉN VOLVERÁ LA LIBERTAD A
VENEZUELA!

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