jueves, 4 de febrero de 2021

29 AÑOS DE UN DÍA QUE VIVIRÁ EN LA INFAMIA


Cualquier reflexión sobre lo que representa el 4 de febrero de 1992 pasa por comprender los elementos vivenciales, de investigación y análisis político que inciden en un intento de observar un hito de nuestra historia reciente, buscando hacer confluir múltiples miradas, con el propósito de encontrar lecciones en el presente, que permitan preparar una nueva democracia e institucionalidad, que pueda ofrecerse como legado a las generaciones por venir.

Una primera consideración, en términos académicos, apunta a la necesaria revisión de cuatro textos fundamentales, que de manera directa o tributaria han abordado el rol de los protagonistas del día en que el sonido de las balas y lo cañones sustituyeron el canto de gallos y guacamayas de los amaneceres de Caracas; para este caso, en esa recomendación entran los libros ‘Hugo Chávez sin Uniforme’ de Alberto Barrera Tiszka y Cristina Marcano, ‘Habla el Comandante’ del historiador Agustín Blanco Muñoz, ‘La Rebelión de los Náufragos’ de Mirtha Rivero, y ‘Carlos Andrés Pérez: Memorias Proscritas’ de Ramón Hernández y Roberto Giusti.

Una segunda consideración se centra en la anécdota personal. Aquella madrugada del 4 de febrero un hombre de Acción Democrática parecía oler en el ambiente que la democracia sería sometida a uno de sus más difíciles retos: sobrevivir a la embestida de las armas. Mi Papá, un dirigente de esos que formaban parte de la reserva moral y doctrinaria de AD (hasta mediados de los 90’ cuando decidió renunciar al partido) se quedó despierto toda la madrugada y pudo observar en vivo y directo aquel “Extra” de Venevisión, en el que aparecía el Presidente Carlos Andrés Pérez, con un fondo negro y la bandera nacional a un lado, informando de la sublevación de un grupo de militares, de las muestras de solidaridad de presidentes de los demás países hacia la democracia venezolana, llamando a la serenidad y unidad de los venezolanos, anunciando que volvería a hablar en poco tiempo desde el Palacio de Miraflores, donde ya la insurrección había sido controlada.

A esa hora Carlos Andrés Pérez no sabía con quién contaba, pero hábilmente pudo comunicar a tiempo a los venezolanos, y en particular a las Fuerzas Armadas Nacionales, que la democracia seguía vigente.

Al caer la mañana nos dimos cuenta que no debíamos ir a la escuela, porque un grupo de militares quería acabar con la democracia y regresarnos a la dictadura. Pueden imaginarse en ese sentido, la reacción de un niño que venía educándose en los valores de una democracia que se construyó buscando dejar atrás la oprobiosa dictadura perejimenista; y mucho más atrás, la tiranía gomecista.

Después de tantos años de sucesiones democráticas, de que las instituciones civiles fueran, para bien o para mal, el centro del debate de nuestros principales problemas nacionales, el mito del militarismo, del orden y el progreso que solo pueden lograr los hombres de uniforme, hacía tambalear los cimientos de la República.

Sofocada la insurrección militar ya en las horas de la tarde, la mayor parte del país respiraba en calma, entendiendo que la democracia, que ya no era garantía exclusiva de progreso, al menos había ganado el round contra los tanques y las ametralladoras.

La realidad es que la democracia apenas sobrevivió. El faccionalismo y permanente conjura que impidieron la construcción de una civilidad institucional antes de 1958, había puesto en marcha el proyecto de destrucción de Carlos Andrés Pérez, sin importar que la concreción de dicho objetivo podría implosionar lo pilares de un sistema político con frágil institucionalidad.

Mayor alerta para cambiar a tiempo no pudo haber tenido un sistema político que fue víctima de una conjura ejecutada por oficiales superiores de las Fuerzas Armadas Nacionales, de la que tenían conocimiento el Alto Mando Militar, y los jefes de los cogollos partidistas. Algunos mitómanos de la política parecía que habían asumido que eran los titiriteros de una movida que les garantizaría mantenerse como decisores del poder. ¡Craso error! 

Aunado a esto, la izquierda perezosa sin duda alguna había encontrado un gran referente para ver cercana la posibilidad el asalto del poder por la vía de las armas, y para dar rienda suelta a sus más profundos resentimientos históricos desde el poder.

La sociedad venezolana en general, que apenas se recuperaba del gran trauma de El Caracazo, cuando vio el centro de Caracas convertido en escenario de guerra a través de las imágenes de los canales nacionales, entraba en un difícil etapa de incertidumbre, en la que cualquier mañana el país podía amanecer dominado por una dictadura militar.  

En medio de esto, no hubo una defensa unitaria y contundente de la democracia, ni siquiera por parte de quienes lograron el ascenso social y político gracias al modelo político de consensos partidistas. Más allá de las importantes palabras de apoyo irrestricto a la democracia del ex candidato presidencial Eduardo Fernández, y del incomprendido discurso en el Congreso de David Morales Bello, en los mentideros caraqueños la clase política, empresarial e intelectual murmuraba lamentando que el golpe no hubiese tenido éxito.

Aquel día de 1992 resurgió la idea de que lo que no se lograba a partir de los acuerdos políticos, se podía imponer por la decisión de la versión siglo XX de las charreteras: la boina roja y el brazalete tricolor.

Y para colmo de males, 6 años después, en 1998, no fue posible que ninguna institución frenara el ascenso de quien irrumpió en contra de la democracia, derramando sangre y provocando un gran trauma histórico, para usar esa misma democracia a favor de un proyecto discursivamente colectivista, orientado a crear una nueva clase política burguesa, empoderada a través de los negocios con el Estado, y organizada con lógica militar.

Así como hace 29 años fue herida de muerte la democracia, importante sería no esperar al trigésimo aniversario de aquel día que vivirá en la infamia, para construir una nueva institucionalidad que deje en el pasado la idea de que solo a través del ejercicio autoritario del poder podremos dar solución a nuestros problemas más apremiantes.

Así como 1992 fue el año de resurgimiento del militarismo, ojalá el 2021 sea el año del nacimiento de un nuevo espíritu democrático.

jueves, 7 de enero de 2021

INSTITUCIONALIDAD FOR DUMMIES

El 6 de enero de 2021 pasará a la historia como el día en que turbas fanatizadas pretendieron subvertir la institucionalidad de los EEUU. El Capitolio fue el escenario de un espectáculo más propio del tribalismo chavista, que hace algunos años todavía erotizaba a la izquierda burocrática de América Latina. Casualmente sucede días antes de la toma de posesión del nuevo Presidente de los EEUU, y quizás en términos de menor importancia, de que se cumplan 60 años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1961, un 16 de enero de ese año; instrumento  normativo que sirvió de base al periodo más largo de estabilidad política de nuestra historia republicana. 

Ahora bien, el incipiente año 2021, que marcaba el límite temporal superior del proyecto personalista de Hugo Chávez (él mismo –dixit-), debe servir de espacio para generar una discusión en torno a lo que podemos y queremos ofrecerle a un país anómico, donde contrasta la recuperación del intercambio comercial, el derroche de la clase política dominante, y una economía cancerada, una infraestructura pública en ruinas, y la total  erosión de lo que alguna vez fue la institucionalidad política nacional.

Volvamos a los hechos del 6 de enero en los EEUU. Donald Trump llegó a la Presidencia como un outsider, y como un outsider deja las riendas del país, al parecer dominado por un enorme ego, que no le permitió identificar las implicaciones de invocar la fuerza destructora de la llamada “white trash”, y de los “red neck”. Opacada queda su capacidad para impulsar el crecimiento económico, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas sin grilletes ideológicos, y al menos en el discurso, el combate al totalitarismo camburero de América Latina.

Pero en su afán por generar una crisis política para tratar de reivindicar un segundo mandato, las instituciones de los EEUU, fieles a su histórica tradición y filosofía política, cerraron filas para que el sistema prevaleciera por encima de los intereses de un hombre. El colofón de esta cultura política sin duda alguna lo fue la posición institucional del Vicepresidente Mike Pence, quien encaró la sesión del Congreso que ratificaría la elección de Joe Biden como Presidente de los EEUU. La institucionalidad fue defendida por los poderes del Estado y también los partidos políticos.

Confieso que he sentido profunda admiración por haber podido observar uno de esos importantes principios que fueron centro del debate entre los llamados padres fundadores John Jay, Alexander Hamilton y John Adams en los 85 artículos compilados bajo el nombre de El Federarlista, y que sirvieron de defensa al contenido de la Constitución de los EEUU, adoptada en 1787: es decir, el sistema prevalece siempre, las instituciones prevalecen siempre.

Cuestión que es tan importante en la filosofía política de los EEUU que hasta en el cine hollywoodense, cada vez que Michael Bay acaba con el mundo en un triller de ciencia ficción, o cuando Christopher Nolan nos regaló la trilogía del Caballero de la Noche, el sistema siempre prevalece; así se tenga que sacrificar al protagonista.

Volvamos otra ver de esta digresión hacia la cultura cinéfila, para tratar de comprender que en América Latina, por el contrario, tal vez gracias al comeflorismo de Benjamin Constant y demás filósofos políticos franceses que sirvieron de influencia en la conformación de nuestras repúblicas, el sistema siempre ha subyugado su existencia a las prioridades de un hombre devenido en caudillo, o de un cogollo convertido en cónclave político.

Pasó una vez en 1993, cuando partidos políticos, empresarios, notables y militares se conjuraron en contra de Carlos Andrés Pérez, sin medir el impacto que la destitución de un presidente podía tener en una joven democracia debilitada como consecuencia de la incapacidad de reformar el Estado para responder a dinámicas cambiantes, todo esto cuando faltaban meses para que terminara de manera formal el periodo presidencial 1989-1994.

Pasó otra vez cuando Hugo Chávez materializó una reforma de la Constitución por fuera del marco legal establecido y aceptado por él mismo, al no lograr conquistar la mayoría en las Cámaras del Congreso en la Elección Parlamentaria de 1998. No hubo una Corte Suprema de Justicia, ni partidos políticos ni universidades que salieran en defensa del sistema democrático desarrollado en el marco de la vigencia de la Constitución de 1961; la despectivamente llamada “moribunda” por Hugo Chávez, había sido apuñalada por quienes debían ser sus principales defensores; algo así como nuestra versión caribeña del _Idus de Marzo- donde fue asesinado Julio César.

Y es que la única institución medianamente respetada en el desarrollo político que tuvo como base el marco regulatorio de 1961 fue el voto. Y a través del voto conquistaron el poder los enemigos de la democracia.

En este orden de ideas es difícil pensar en la sostenibilidad de una nueva democracia que tenga como único y principal debate el voto, prescindiendo de las condiciones institucionales que hacen que dicho derecho sea efectivo, y como requisito para el ejercicio de la función pública en cargos de representación popular, pero más que eso para  la contraloría ciudadana, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, la alternabilidad, el respeto a los derechos individuales y a la democratización general de todas nuestras instituciones sociales.

Más que el voto, que es uno de los diversos derechos humanos, civiles y políticos que se han desarrollado en el mundo occidental desde finales del siglo XVIII, la construcción de un proyecto histórico nuevo –o del siglo XXI- requiere de un profundo proceso de pedagogía política para comprender que la vigencia de la República se expresa principalmente en la prevalencia de sus instituciones. Y sus instituciones no son solo los poderes fácticos sino los límites que cada uno debe tener para que estén al servicios de los ciudadanos y no para ejercer control social autoritario.

En el 2021 que comienza el país insiste en seguir funcionando muy a pesar de los intentos de un régimen decadente y sus aliados domesticados para devolvernos a la época de los cogollos, o peor aún, del caudillismo y el montonerismo decimonónico. Los empleados públicos subsisten gracias a otros trabajos o emprendimientos personales, comunidades se organizan para cubrir servicios públicos que el Estado ha dejado de proveer, la mayor parte del intercambio económico se hace fuera de los marcos regulatorios, y en contraste, la despolitización de la sociedad avanza peligrosamente.

Vale la pena una última analogía en estas líneas: cuando Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez avanzaron en el derrocamiento de Ignacio Andrade en 1899, no había partidos políticos sólidos ni instituciones que soportaran la arremetida de una hueste guerrera autodenominada “revolución”; en 1998 tampoco hubo partidos políticos e instituciones que sirvieran de defensa al frágil sistema democrático.

Por eso el debate no puede ser solo en torno al voto cual si se tratara de una elección para sustituir a AD o Copei en una gobernación o una Alcaldía, o para cuidar que un espacio lo tenga la oposición y no el chavismo, independientemente de las nulas capacidades para desarrollar una gestión pública aceptable. Sin institucionalidad podemos ganar los poderes más importantes, y en seguida los eternos faccionalistas irán a complotarse con los enemigos de la República para hacer que los intereses personalísimos prevalezcan por encima de la democracia.

 ¡Son las instituciones! ¡Las instituciones!

 


 

miércoles, 2 de diciembre de 2020

LECCIONES POLÍTICAS DE 1952 A 1957.

Hace un par de días se cumplieron 68 años de la realización de las elecciones constituyentes de 1952, las cuales tuvieron lugar el 30 de noviembre de ese año. 4 años habían trascurrido desde el derrocamiento de Rómulo Gallegos, primer Presidente electo a través del voto universal, en unas elecciones competitivas, signadas por el respeto al estado de derecho y justicia; 2 años mediaban desde el asesinato del coronel Carlos Delgado Chalbaud, quien fungió como Presidente de la Junta Militar que asumió el poder luego del golpe incruento del 24 de noviembre de 1948. Desde ese mismo año los partidos políticos más representativos y organizados, Acción Democrática (AD) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), junto a los principales sindicatos y centrales obreras se encontraban ilegalizados.

Las principales funciones de esta asamblea nacional constituyente serían las de designar a todos los representantes a cargos de elección popular nacionales, a decir de Presidente, Senadores y Diputados, de los titulares de la Corte Federal, de la Corte de Casación, la Contraloría y la Procuraduría General de la República, así como la de redactar una nueva Constitución, que sustituiría a la de 1947.

 

El cuerpo deliberativo estaría integrado por 106 diputados constituyentes, y una vez convocada la contienda electoral, los partidos Unión Republicana Democrática (URD), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), así como el Frente Electoral Independiente (FEI) creado por la Junta Militar, aceptaron participar en las condiciones diseñadas y avaladas por los militares. Cabe destacar que URD pasó de una posición pro-abstención a la de participación, a pesar de no haber condiciones democráticas.

 

Contrario a un resultado favorable, la movilización impulsada por AD y el PCV desde la clandestinidad, dieron como ganador a URD, al cual, con casi un millón doscientos mil votos le correspondía la representación mayoritaria en la asamblea constituyente, seguido por unos cuatrocientos mil votos del FEI y algo más de trescientos mil de COPEI. El apoyo de los partidos en la clandestinidad, si bien fue fundamental, no logró ser una expresión cohesionada, ya que dichas organizaciones se batían entre las posiciones de lucha clandestina radical, la lucha armada y la aceptación de condiciones de negociación con la dictadura.

 

La misma tarde del 30 de noviembre de 1952 Marco Pérez Jiménez ordenó la suspensión de los escrutinios, la censura periodística, así como el encarcelamiento de las autoridades electorales que se prestarán a reconocer un resultado distinto al triunfo del FEI. Un par de días después, el 2 de diciembre, se anunció oficialmente que el partido de gobierno había obtenido 60 curules, 29 URD y 17 COPEI. Una vez conocidos los resultados la Junta de Gobierno presidida por Germán Suárez Flamerich entregó el poder a los militares, quienes designaron a Marcos Pérez Jiménez como Presidente Provisional, hasta su ratificación el 9 de enero de 1953 por la nueva asamblea nacional constituyente, que, el 11 de abril de ese mismo año eliminó la Constitución Democrática de 1947, mediante la cual los venezolanos conocieron por primera vez en la historia republicana el voto libre, universal, directo y secreto.

 

Los principales líderes de URD y COPEI fueron obligados al exilio, y el fraude materializado el 2 de diciembre, en lugar de potenciar una revuelta popular o una transición negociada, le otorgó a Marcos Pérez Jiménez 5 años más en el poder, en los que impulsaría un ambicioso programa de modernización de la infraestructura nacional -ya planificado desde la década de los 40-, a la par de la profundización de la persecución política.

 

Cuando justo se cumplían 5 años del fraude electoral del 52, Pérez Jiménez convocó nuevamente a los venezolanos a las mesas, pero esta vez para otorgar un nuevo mandato de cinco años al Presidente, Senadores, Diputados, Asambleas Legislativas Estadales, Concejos Municipales y demás cargos públicos, respondiendo simplemente “si” o “no”; sin partidos, sin campaña y sin mayores posibilidades de participación electoral. A la sazón, se cumplían casi 2 años desde el momento en que los principales líderes de AD, URD y COPEI se sentaron a discutir la posibilidad de firmar un gran acuerdo político, que finalmente se plasmó en el Pacto de Punto Fijo.

 

El 15 de diciembre de 1957, fecha de realización del plebiscito, la Junta Patriótica había logrado impulsar actividades de protesta en casi todas las capitales de estado, a través del movimiento estudiantil, de los trabajadores y de los dirigentes de partidos en la clandestinidad. Una vez más Pérez Jiménez optó por la alteración de los resultados electorales, pero sin prever la presión popular cada vez más organizada, y los brotes conspirativos de parte de la oficialidad institucional en el seno de las Fuerzas Armadas.

 

Un  mes y 8 días después, el 23 de enero de 1958, Pérez Jiménez era obligado a huir del país, mientras en las calles se celebraba la caída del tirano. Cabe destacar que la bueno pro otorgada a la dictadura por el gobierno de los EEUU, dirigido por Dwight Eisenhower, no fue suficiente para evitar su colapso ante una de nuestras más importantes maniobras de unidad política y presión popular para desterrar del poder a la oscuridad dictatorial.

 

Como balance general debe puntualizarse que en las elecciones libres de finales de 1958 los venezolanos decidieron premiar la lucha clandestina, y los esfuerzos desde el exilio del líder de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, quien resultó electo Presidente para el periodo 1959-1964, al vencer a Wolfgang Larrazabal, -ex presidente de la Junta Cívico-Militar que sucedió en el poder a Pérez Jiménez-, y a Rafael Caldera, candidato de COPEI.

 

URD, a pesar de contar con el descollante liderazgo de Jóvito Villalba, no logró conquistar ni la Presidencia ni una representación mayoritaria en las cámaras del Congreso durante el Periodo Democrático; y COPEI solo concretó dos quinquenios presidenciales, ya que la segunda elección de Rafael Caldera solo fue posible como consecuencia de su salida del partido socialcristiano para crear Convergencia Nacional y el chiripero.

 

De 1952 a 1957 queda como lección que la presión popular organizada es el ingrediente más importante para motorizar el cambio histórico, bien sea por la vía de la protesta ciudadana o de la participación en elecciones como vehículo hacia la ruptura de la estructura de poder interno de la clase política dominante.

 

De 1958 a 1998 sin duda alguna un importante aprendizaje puede observarse en el análisis de  la poca capacidad de las clases dirigentes para sobreponer la defensa del Proyecto Histórico de la Democracia Liberal, a la necesidad de acomodarse en medio de la lógica de cogollos multicolores. De manera que mientras los caudillos partidistas se fortalecían, el sistema democrático avanzaba hacia su destrucción.

 

De 1998 al presente parece que la lección fundamental estriba en la capacidad de reconocer la permeabilidad de la idiosincrasia de una sociedad signada por grandes daños antropológicos causados por la modernidad atropellada, la desigualdad social, la masificación sin educación de las comunicaciones a través de la radio, la televisión y el internet, el clientelismo de Estado, la demagogia, y la voracidad de una clase dirigente formada para servirse del Estado, y no para conquistar el poder a favor de la construcción de un sistema democrático con instituciones sólidas, respeto a los derechos individuales y al imperio de la ley.

 

Tal vez en la historia podamos encontrar lecciones interesantes, más allá de los hilarantes análisis de politicólogos, analistólogos, numerólogos y filósofos diletantes de las redes sociales.

lunes, 31 de agosto de 2020

UN MENSAJE QUE SIGUE SIN DESTINO

 _"Entonces podrá hablarse de concordia y reconciliación cuando los venezolanos, sintiendo por suyos los méritos de los otros venezolanos, consagren a la exaltación de sus valores la energía que dedican a la mutua destrucción, y cuando, también sintiendo por suyos los yerros del vecino, se adelanten a no pregonarlos complacidos, sino a colaborar modestamente en la condigna enmienda."_ (M. B. I.)


Cada vez que el acontecer de lo político se inclina hacia el extravío en los terrenos de la informalidad criteriológica, más que como representante de una organización política, como ciudadano, como estudioso de la historia y como persona interesada en la recuperación republicana, acudo con curiosidad de discente a los textos, en busca de lo que la arrolladora cotidianidad no está en capacidad de decirnos.

Me he tomado el atrevimiento de hacer un juego de palabras con el ensayo _'Mensaje sin destino'_ (1951) del historiador trujillano Mario Briceño Iragorry, porque la relectura de su obra hace pensar que como sociedad efectivamente no hemos logrado desarrollar una conciencia histórica e historiográfica que nos permita dar funcionalidad al devenir del ser humano a través del tiempo como referencia para la creación de "actos nuevos".

También porque en el campo de lo público, de la política y sus instituciones, no ha dejado de generar preocupación la incapacidad de las clases dirigentes para lograr algo continuo, y en su lugar materializar el "progreso" en distintos órdenes como la permanente sustitución de un fracaso por otro, que solo logra como balance la hiriente certidumbre de que nuestra cultura, economía, política y sociedad se encuentra en una insondable situación de incertidumbre y desorientación.

Categorías de análisis que pueden servir a la elaboración de una metodología que haga entender a nuestras clases dirigentes presentes la necesidad de construir una identidad y conciencia histórica que procure ahondar más allá de nuestro propio y arrogante protagonismo reciente. Que evite fascinarse por la liturgia patriotera y caudillista, propia de las dictaduras, y que no inclina a escribir la historia del jefe y sus seguidores, para en contraste reivindicar las gestas civiles que reconocen avances y retrocesos en un proyecto histórico continuo de construcción de la democracia venezolana.

Si de algo parecemos carecer los que integramos o apoyamos a la clase política que hoy tiene la responsabilidad de lograr recuperar nuestro bien más importante después de la independencia, es de referentes históricos de lucha y de acontecer de hombres y mujeres durante al menos los siglos XIX y XX. Nadie parece dispuesto a revisar la emancipación de Venezuela como un proceso con protagonistas civiles, cuya obra escrita ha servido de base para hablar de pensamiento político venezolano del siglo XX.

Tampoco parece interesarnos mucho a nosotros y nuestra dirigencia del presente, comprender cómo Juan Vicente Gómez a través de la modernización de las fuerzas armadas y la unificación del territorio, logró liquidar el caudillismo decimonónico, sin encontrar mayor oposición en las fragmentadas corrientes políticas liberales y conservadoras tradicionales; menos que en la joven y nueva oficialidad militar, así como en los universitarios de la Generación del 28.

El elemento común que parece conectar a quienes vivieron los albores del siglo XX con nosotros, sus equivalentes en el siglo XXI es la incapacidad de hallar una conciencia histórica de pueblo que sabe de dónde viene, tanto como conoce hacia dónde quiere transitar.

No es nueva la tendencia a combatirnos y destruirnos de la forma más intestina. En su momento lo hicieron blancos criollos y pardos, godos y liberales, mientras un mandamás se erigía como árbitro plenipotenciario de la República, sacerdote del destino y máximo interprete del ejercicio de la libertad.

Contra eso, en lugar de ser policías de las culpas en el campo de lo político, en este momento de fragmentación social conviene propugnar por un alto sentido de la solidaridad ciudadana, que desde la unidad de criterios y acción guíe la corrección de los errores como una de nuestras principales responsabilidades históricas.

No se trata pues de seguir empecinados en la búsqueda del culpable primero y primario de nuestro fracaso nacional, sino de ofrecer una solución a tiempo a un situación crítica de instituciones políticas destruidas, que requieren atención inmediata para poder recuperar la coherencia y la cohesión social necesaria ante retos humanos como la actual pandemia del Covid-19, y sus efectos políticos y sociales en la población nacional y la población migrante.

Venezuela no es un proyecto histórico unilateral prestado a las nuevas generaciones. Es un proyecto pensando por miles de venezolanos a través de las décadas y los siglos. Ese proyecto no necesariamente debe estar anclado al fatalismo que lo condena a la permanente tutela caudillista. Ante eso la democracia debe ser un referente significativo de aprendizaje en función del reconocimiento de aciertos y desaciertos a través de la historia.

Estamos a tiempo para volver a mirar al pasado en busca de luces hacia el futuro.

miércoles, 6 de mayo de 2020

LA PANDEMIA MORAL Y LA CUARENTENA POLÍTICA


En tiempos de pandemia podríamos llegar a la conclusión de que tenemos un sistema político enfermo porque nuestra sociedad está enferma. Y no se trata del covid-19 sino de un cúmulo de enfermedades que incluso hacen que deliremos de arrogancia, asumiendo que son los distinto, los contrarios, los que están enfermos y no todos nosotros.

Una vieja conseja señala que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Pero más allá de esta lógica reprensiva, la dirigencia que ejerce el poder en un país puede determinar la forma de las relaciones políticas, pero su condición de decisores depende de la sociedad que los empodera por acción o por omisión.

En 1998 ya el país se encontraba sumido en un complejo proceso político, en donde las controversias internas de los partidos, así como los contubernios de los ámbitos empresariales, periodísticos e intelectuales se convirtieron en el centro del debate diario, en lugar de la discusión de los mecanismos para mantener la viabilidad del proyecto democrático republicano.

En medio de una lógica social marcada por los planes a medio hacer, los proyectos parciales, las ideas innovadoras colgando en los pasillos del desinterés, apareció el llamado chavismo bolivariano, liderado por un hombre convencido de fungir más que como presidente, como sumo sacerdote de la moral política.

No fue gratuita la insistencia del comandante hablador de impulsar un modelo de hegemonía comunicacional que le permitiera ser el principal guionista y ancla de la dinámica política a todos los niveles, reforzando el esquema de carismocracia teledirigida, en el que televisores y radios servían de púlpito al gran pastor para que diariamente indicara a quien querer, a quien odiar, a quien culpar de nuestros males y nuestras deudas históricas como pueblo.

La sociedad venezolana ha sido y es expresión de las virtudes y vicios de una región del planeta Tierra que transitó  de la premodernidad a la postmodernidad en menos de 400 años. América Latina es el lienzo civilizatorio en donde se difumina lo mejor de la humanidad a través de la creación humana en lo cultural, artístico y científico, pero también donde se hacen más profundas las contradicciones ideológicas que en Europa o Norteamérica dieron lugar a la creación de corrientes de pensamiento político o al desarrollo de grandes conflictos sociales como la lucha por los derechos civiles y geopolíticos como las grandes guerras mundiales.

Desde 1989, año del gran trauma histórico que conocemos como “El Caracazo”, las instituciones que hacen posible la cohesión social venían experimentando una severa crisis, que requería como respuesta la revisión, renovación e impulso de nuevos esquemas para posibilitar las relaciones de poder. Atrás había quedado el país rural, preindustrial de ciudades incipientes en el que tuvo lugar la conquista de la democracia. En la década de los 90 el crecimiento de los llamados cinturones de miseria fue aparejado del agotamiento de las estructuras partidistas, gremiales e institucionales que servían de piso a la República.
En medio de tal situación Hugo Chávez pasó una década y tres años más dinamitando los ya bajos niveles de confianza que los venezolanos teníamos en instituciones como la Iglesia, las universidades y las Fuerzas Armadas; todo aquél que se atreviera a poner en cuestión su personalísima visión de las cosas, entraba en la vorágine del linchamiento comunicacional. Cual chismoso de barrio o periodista amarillista, el ex militar combinaba en su discursos planes grandilocuentes y proyectos irrealizables con la exposición procaz de aspectos de la vida personal de la disidencia: si se trataba de un dirigente político entonces el estigma era el de corrupto; si era gremialista o sindicalista: reposero; si era sacerdote: pedófilo o ladrón de limosnas; si era profesional: burgués; en el caso de periodistas: palangristas; dirigentes estudiantiles: hijitos de papi y mami; personalidades políticas consideradas bien parecidas: homosexuales; militares: golpistas o traidores a la patria; y en el caso de los sectores pobres que asumían la oposición a sus políticas: alienados.

La realidad es que con este tipo de práctica comunicacional y social, los resentimientos y bajas pasiones se incoaron en el espacio de lo político, y en todos los niveles lo afirmativo venezolano terminó siendo sustituido por la construcción de supremacías discursivas basadas en el establecimiento de un tipo de moral en el que el prolegómeno en el ejercicio de la opinión política era la descalificación directa o solapada de todo lo que no pueda ser racionalizado a favor de un dirigente o un grupo de dirigentes.

Hugo Chávez como hegemón comunicacional avanzó a paso de vencedores en el linchamiento moral de toda expresión de disidencia, y lo hizo como si se tratara de un ciudadano ejemplar enfrentando los vicios de la política. Pero se trataba de un militar de pocos méritos, esposo disfuncional con inclinaciones claras a la violencia doméstica, personalidad narcisista, inestabilidad emocional, obsesionado con  el control de su entorno y megalómano, que alternaba entre la idea de predestinación y la encarnación de los más profundos resentimientos de los desclasados.

Ahora bien, en tiempos de pandemia y de cuarentena como medida extrema para evitar la diseminación del covid-19, las redes sociales se han configurado en ágora digital donde dirigentes, analistas, opinadores e inlfluencers luchan a diario por imponer criterios personales sobre lo bueno y lo correcto en política. La anulación del pensamiento y la acción del otro introduce cualquier debate. A modo de sarcasmo, pareciera que los hombres pretenden saber más de feminidad que las mujeres y viceversa; la disidencia chavista procura enseñar a la oposición a ser oposición; la vieja política insiste en ser más renovadora que la política de los jóvenes, los que cuentan más partidos políticos en su trayectoria que dedos en las manos exigen coherencia y disciplina, los traficantes del poder vilipendian a quienes no ven la política como negocio, y los otrora perseguidos políticos le hacen apología a la represión y a la violación sistemática de derechos humanos.

La diplomacia y el parlamentarismo fueron desplazados por el virulento ataque que no reconoce la alteridad, en algunos casos expresados con descalificación, o procurando excluir a los mundanos desde el templo moral de los censores de la política, que procuran mantenerse inmaculados en medio de partidos políticos, organizaciones, sindicatos y gremios.

El legado de Chávez si existe, y se expresa en las prácticas políticas basadas en el resentimiento, los intentos de colonización del pensamiento y el linchamiento moral de quienes opinan y obran según otros conceptos, categorías y orientaciones de la política. La sociedad venezolana experimenta una pandemia de animosidad y frustración que nos introduce en una especie de carrera de la muerte, en la que los competidores parecen más empeñados en el exterminio de sus pare, que en la formulación de propuestas democráticas. El corrillo de pasillo se convierte en sentencia para ejecución sumaria de dirigentes, el bulo da pie al fusilamiento moral, sin que se midan los efectos en la construcción de soluciones, que puedan dar pie a la conformación de una nueva democracia basada en la solidez y autonomía de sus instituciones.

Desde el poder fáctico la existencia de un proyecto político ha derivado en el fortalecimiento de relaciones de poder más allá de lo legal y lo legítimo, dando lugar al reemplazo de dirigentes, operadores, activistas y funcionarios, por comisarios políticos, esbirros, patriotas cooperantes, pranes locales o agentes del chantaje político.

Superar esta pandemia social no necesita una cuarentena política sino una vacuna que pueda inmunizarnos contra el odio y el resentimiento, que funcione a favor del entendimiento y la esperanza en la construcción de una democracia sin inclinaciones hacia la hegemonía, el clientelismo, el populismo y el personalismo. La necesidad de reivindicación social ante la incapacidad de los partidos del siglo XX por impulsar procesos de renovación y refrescamiento desde sus bases, solo fue el vehículo a través del cual el resentimiento y la revancha se instalaron en el poder. No se trata pues de apelar a un discurso religioso basado en el amor fraternal, pero si en el reconocimiento del derecho a la diferencia como forma de evitar este error de hace 21 años. La democracia no puede ser dictadura ni de minorías organizadas ni de mayorías sin capacidad crítica. En tal sentido no se puede perder de vista el permanente análisis de nuestros procesos históricos, y la construcción de una nueva visión de proyecto republicano venezolano. Pero con partidos políticos, con gremios, con sindicatos, con organizaciones y agentes sociales con altas capacidades para respetar la vigencia de las instituciones asentadas en amplios acuerdos ciudadanos.

miércoles, 8 de abril de 2020

FIN DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA

_“…Y cuando el peligro terminó, Y la gente se encontró de nuevo, Lloraron por los muertos, Y tomaron nuevas decisiones, Y soñaron nuevas visiones, Y crearon nuevas formas de vida, Y sanaron la Tierra completamente, Tal y como ellos fueron curados.” (En tiempos de pandemia, K. O’Meara)._

Fue Cristoph Keller (Cristóbal Cellarius en español) quien durante el siglo XVII propuso la periodización de la historia en tres edades. Esta visión eurocéntrica y profundamente imbuida por el incipiente positivismo, propuso comprender el devenir del hombre a través del tiempo en una Edad Antigua comprendida entre la invención de la escritura 4000 años antes de Cristo y la caída del Imperio Romano de occidente en el 476 después de Cristo, la Edad Media entre este último hito y la caída del Imperio Romano de oriente (Bizantino) en el siglo XV o la llegada de los colonizadores europeos a América, y la Edad Moderna desde el fin de este siglo hasta la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Keller no vivió lo suficiente para ver los levantamientos populares de Francia, pero ya para principios del siglo XIX el uso de su periodización se había hecho convención cronológica en la mayoría de cátedras de estudios históricos de las universidades europeas. 

La Edad Contemporánea fue entonces una añadidura reciente a la periodización tripartita propuesta por Keller, basada en una visión de ruptura de la Modernidad, a propósito de hechos como la Revolución Industrial, la Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, el fin del antiguo régimen y la emergencia de los nuevos estados nacionales europeos que tuvo lugar durante el siglo XIX. En el campo de la filosofía de la historia se han dado importantes discusiones en relación al sentido de ruptura o continuidad de hechos y procesos a través del tiempo, y de éstas se ha podido extraer consideración sobre la existencia de una modernidad tardía en lugar de una Edad Contemporánea, de modo similar a los periodos transicionales como la protohistoria –entre la prehistoria y la antigüedad-, la tardoantigüedad, la transición de la Edad Antigua y la Edad Media, o los siglos XV y XVI denominados historiográficamente como edad media tardía. 

El debate en este caso no se restringe a probar la validez o no de las periodizaciones históricas, apunta más bien a analizar la vigencia o no de una categoría histórica cuya denominación de origen parece darle una validez infinita, cuando si de algo pueda certeza la historia es que el devenir del hombre en el tiempo es finito; es decir, sujeto a límites superiores e inferiores en cuanto a relaciones causales y consecuenciales. 

Ahora bien, desde la década de los noventa del siglo XX el mundo parece tener una deuda con la comprensión de sus procesos históricos, porque a pesar de la aparición de hitos que han parecido indicar un sentido de ruptura epocal, la contemporaneidad ha mantenido su valor como convención cómoda que procura ubicar a la humanidad presente en el más alto estadio de su desarrollo cultural, en comparación con edades anteriores. Ni siquiera el fin de la Guerra Fría que inspiró a Francis Fukujama a hablar de un fin de la historia, ni el cambio trascendental de las comunicaciones a propósito de la masificación del uso de internet más allá de los fines puramente comunicacionales, ni el surgimiento de una especie de ciudadanía digital con el auge de las redes sociales, parecen haber generado mayor incidencia para que la ciencia de la historia se decante por el establecimiento de una nueva categoría temporal que pueda explicar el cambio cultural universal que se viene gestando desde finales del siglo XX. 

Sin duda alguna, el debate sobre el cambio epocal vuelve a ser pertinente, cuando el presente es tiempo en el que, de forma similar a la propagación de la gripe española entre 1918 y 1920, la humanidad se enfrenta nuevamente ante una pandemia, el covid-19, la cual surgida en China ha obligado una importante parada de la economía mundial, las comunicaciones, los servicios, y por ende de todas las actividades humanas más allá de lo que hoy hacemos a través de nuestras redes sociales. Harto difícil evadir en este orden, la idea de que después del covid-19 la humanidad no será igual. Es decir, el cambio epocal que parecía atajarse desde la caída del muro de Berlín en 1989, hoy rompe cual curso de agua que busca abrir nuevos caminos para el desarrollo humano y su correspondiente comprensión. Ya durante el siglo XX Jean Lyotard en su propuesta analítica sobre postmodernidad, consideraba la gran crisis de los metarelatos científico, político y religioso, abriendo con esto la posibilidad de comprender un sentido de cambio histórico y cultural en el periodo de  la postguerra. 

_¿Qué ha hecho falta entonces para poner un límite superior a un periodo de la historia que ya nos resulta quizás insuficiente para explicar el sentido de desarrollo de una humanidad globalizada y telemática, donde lo actual parece moverse a la velocidad de los flujos cibernéticos?_

El cambio epocal no implica que la humanidad dejé de ser humana; ni siquiera el sentido de cambio o ruptura podría hablar categóricamente de una negación de lo pretérito. Pero si expresa bien que los referentes culturales y sociocéntricos que sirvieron de base al desarrollo vital de la humanidad, pueden haber perdido vigencia o comenzado a virar hacia horizontes distintos, dando lugar a nuevos conceptos y apreciaciones en lo político, lo económico y lo social.

El desarrollo de las comunicaciones a través de la world wide web le ha abierto una posibilidad de democratización general a la sociedad no antes experimentada. La revolución informática ha dado pie a una faceta digital de la ciudadanía que prescinde los mediadores tradicionales que hicieron posibles las relaciones de poder en siglos anteriores, permitiendo emerger a agentes sociales con iguales o mayores capacidades comunicativas que los políticos tradicionales. En redes sociales a diario, a cada momento palpitan mensajes de los llamados influencers, tendencias de opinión, conceptos, ideas y apreciaciones que inciden directamente en los tiempos para las decisiones políticas de los centros de poder mundial. Los procesos comunicativos son tan rápidos que las audiencias casi pueden observar en horario estelar la caída de una dictadura, el surgimiento de una democracia, el desarrollo de una guerra, de un desastre natural o un colapso económico. Y en este contexto de ciudadanía con acceso a volúmenes de información antes inimaginados, las sociedades vienen desarrollando mayores capacidades críticas ante las élites intelectuales y políticas. Todo esto posible gracias a la existencia  millones de ordenadores y puntos de conexión a internet en casi todo el planeta.

En el comienzo de la segunda década del 2020 la humanidad enfrenta un reto global distinto a los grandes conflictos que tuvieron lugar en el siglo XX. Hasta la fecha presente es difícil predecir si la pandemia del covid-19 tendrá efectos más devastadores que la gripe española en 1918 o la peste negra a finales de la Edad Media. La movilidad humana del presente, así como el imparable crecimiento urbano de la principales metrópolis mundiales parece crear condiciones favorables para el contagio masivo de cualquier virus que pueda viajar por el aíre. No obstante, el desarrollo científico logrado hasta hoy, también abre la posibilidad de considerar en una acción de contención más eficaz que con otras pandemias de nuestra historia universal. Como elemento agregado, las medidas de contención basadas en el confinamiento social y la parada de los sistemas productivos, abren también un importante debate sobre potenciales y catastróficos efectos colaterales de dicha pandemia en la economía mundial. 

Es así como los efectos sociales, económicos e institucionales del covid-19 exigen retomar la discusión sobre el cambio epocal que orbita la atmósfera intelectual y cultural de nuestro tiempo, tal como sucedió con el Renacimiento durante el siglo XV y la grandes revoluciones de finales del siglo XVIII. La caída del Muro de Berlín en 1989, la disolución de la Unión Soviética en 1991 y la revolución informática derivada de la masificación del uso del internet a finales del siglo XX permiten mirar a la humanidad desde una óptica distinta a la de la contemporaneidad. 

No se trata de sentenciar que estamos ante una sociedad mundial más preparada que la de otras épocas, sino de considerar que en la actualidad existe una sociedad más informada y con mayores posibilidades de elegir entre los distintos caudales de información que a cada segundo circulan a través de las redes informáticas. Si la invención de la escritura en Mesopotamia y Egipto durante el cuarto milenio antes de nuestra era sirvió de referente para considerar el cambio entre Prehistoria e Historia, la posibilidad de compartir datos entre puntos extremos en el mundo en solo segundos, nos permite inferir que desde al menos hace 30 años estamos viviendo en un mundo distinto al conocido por las generaciones pretéritas. 

La contingencia mundial provocada por la pandemia del covid-19 no solo ha obligado a una parada vital sino que apunta a una especie de reinicio planetario, que puede ser aprovechado para dejar atrás formas prejuicios, ideologías, culturas institucionales y formas de intercambio que no son garantía de desarrollo de nuestra civilización hacia el futuro, por sus efectos destructivos de los tejidos humanos y el medio ambiente ocupado. Una sociedad mundial más informada requiere de categorías que permitan reafirmar que un cambio de mentalidad si es posible porque en principio hemos sido capaces de generar y reconocer el cambio epocal.

Queda pendiente entonces la tarea de dar con una categorización para esta nueva edad que ya hemos comenzado a vivir: ¿cibernética?, ¿telemática?, ¿Postmoderna? Pero ya no contemporánea.  

domingo, 24 de marzo de 2019

COYUNTURA O PROCESO HISTÓRICO


La democracia venezolana como proyecto histórico no fue el producto de una sola huelga general articulada con el quiebre de un sector de las fuerzas armadas. Para que esto fuese posible se hizo necesaria la creación de espacios para la concertación y el establecimiento de preacuerdos políticos, que luego fueron honrados a través de la firma del Pacto de Punto Fijo y de la aprobación de la Constitución de 1961, así como del respeto a la conformación de gobiernos amplios y el ejercicio alternativo del poder a partir de 1958.

El desarrollo social que logró Venezuela entre 1958 y 1983 también fue el producto de consensos, y del respeto a las reglas institucionales, a pesar de que en términos políticos, las imperfecciones siempre estuvieron presentes. Por ejemplo, el proceso de descentralización que incluía la Constitución solo fue posible a partir de 1989, y no obstante, se hicieron importantes avances en términos de desarrollo de las regiones.

Ahora bien, la llegada al poder de Hugo Chávez, más que el efecto de una revolución de los pobres, expresó el agotamiento de la capacidad de la dirigencia política de dar respuestas a un sistema social cambiante, que desde el proceso inflacionario que comenzó en 1983 con el llamado “Viernes Negro”, vio implosionar el modelo de dependencia estatal que garantizaba bienestar a la burocracia estatal y al sector privado, cuyo crecimiento estaba altamente determinado por los negocios con el Estado, y la capacidad de gasto de los empleados púbicos.

Los partidos políticos venezolanos a finales del siglo XX perdieron toda la capacidad de defender el proyecto democrático, y sirvieron la mesa para que el empresariado, los medios de comunicación y parte de la clase media empobrecida, apostara por la antipolítica como solución letal para un sistema político enfermo. En parte esto explica el ascenso de Hugo Chávez al poder, y no la historia patria de una izquierda que nunca estuvo en capacidad de ejercer un liderazgo real en el escenario político.

Más que sobre la debilidad institucional, Hugo Chávez y el chavismo, quienes con el tiempo terminaron demostrando que no tenían la menor idea sobre el ejercicio de la función pública, avanzaron más allá de lo que se habían propuesto, dada la facilidad para hacer caída y mesa limpia con cada institución a la que iban penetrando. En dos años sustituyeron los colores políticos de la clase dirigente, aprobando nueva constitución y conquistando más del 75% de los cargos de elección popular, dos años más tarde hicieron de PDVSA el cajero automático de las misiones populistas, mientras a la par convertían a la Fuerza Armada profesional, en un brazo represor al servicio del chavismo, depurado de cualquier rastro de oficialidad institucional.

Entre el año 1999 y el 2005, un sector minoritario de empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos nuevos fueron los factores de mayor resistencia, en medio de las contradicciones, que lograron aglutinar el descontento social generalizado, pero obviando la necesidad de establecer acuerdos mínimos para proteger la poca institucionalidad que aún existía, y no solo centrándose en la polarización en torno al poder. Recordemos que la antigua Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados que hoy a través de redes sociales apuestan por soluciones radicales, en 1999 fueron complacientes con las propuestas de Hugo Chávez; el para entonces recién creado Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral) rápido se adaptó al ventajismo ejercido por el chavismo en procesos electorales, facilitando la sustitución del modelo de representación proporcional de las minorías por el oscuro “suma cero”.

Al cabo de 20 años de oscuridad en Venezuela, la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y la misma llegada del chavismo al poder, son referentes históricos de los que pueden extraerse lecciones, pero no soluciones totales de cara a la actualidad. Por un lado, el esquema de huelga general impulsado por la Junta Patriótica junto a los alzamientos militares que dieron al traste con la dictadura perejimenista entre diciembre de 1957 y enero de 1958, difícilmente podría aplicarse para el presente, dado que la institucionalidad en la fuerza armada y la burocracia estatal no existe, pues en su lugar nos enfrentamos a una red de lealtades criminales que busca proteger intereses funcionariales, negocios ilegales, cobro de matracas, tráfico de suministros, comida, combustible, drogas e incluso trata de personas; a lo cual debe agregarse que el chavismo gobernante busca a cualquier precio evitar ser procesado por los delitos de lesa humanidad que se han convertido en práctica habitual del régimen.

Por otro lado, aunque los partidos políticos que forman parte del chavismo muestran un profundo desgaste y descrédito ante la opinión pública, encabezados por el psuv mantienen un férreo control de una dirigencia integrada por lo más granado de la cloaca social y política de nuestro país, desde los jefes nacionales hasta llegar a los que integran las llamadas ubchs. Es decir, se trata de agentes sociales que en medio de un proceso mínimo de reinstitucionalización quedarían rezagados en razón de su incapacidad para adaptarse a esquemas de convivencia ciudadana basada en el respeto al estado de derecho. Por lo cual es natural que vean con reticencia cualquier posibilidad de cambio mínimo en el equilibrio de poder.

De esto se puede destacar que si buscamos referentes en los hechos experimentados en 1998, comprenderemos que el empresariado actual y los medios de comunicación han experimentado procesos caracterizados por la adaptación para no ser aniquilados, o la destrucción total, como es el caso de canales de televisión, emisoras de radio y periódicos cerrados, así como de las empresas expropiadas (hoy muchas quebradas).

Es así como en la Venezuela del 2019 se plantea un gran reto basado en el aprendizaje de los más recientes capítulos de nuestra historia, signados por la conflictividad social de 2014, el avance electoral de 2015, los errores estratégicos de 2016, el proceso de arrase represivo del 2017, y la inacción política de 2018.

En este sentido lo primero que debemos comprender es que no se trata de un cambio presidencial que por obra y gracia del espíritu santo hará que al día siguiente de Nicolás Maduro abandonar el poder los problemas sociales y estructurales de nuestro país desaparezcan. Se trata fundamentalmente de un proceso de desmontaje de un Estado cuyo fin funcional principal es la defensa de las redes delincuenciales que se han tejido en torno al ejercicio autoritario del poder por parte del politburó del psuv. Y la complejidad de este proceso estriba entre otras cosas, en la creación de incentivos lo suficientemente atractivos para que quienes forman parte de estas redes, pero de forma marginal-desigual, tomen partido por el quiebre de la coalición militar-cívica gobernante.

Igual situación se presenta en el seno de las fuerzas armadas, debido a que la sustitución de la meritocracia por las relaciones de lealtad, hizo posible que quienes por sus incapacidades profesionales estaban impedidos de lograr materializar la carrera de los honores militares, lograran ascender, ocupar puestos importantes de comando, hacer negocios con la institucionalidad, e insertarse inclusive en el oscuro jet set del chavismo gobernante. De esta manera el ofrecimiento de incentivos de salida debe reconocer el alto costo, pues lo que está en medio de la negociación no es solo la posibilidad de estos no ser perseguidos en el postchavismo, sino la de mantener vivas esas redes delincuenciales controladas por una parte de los militares.

A todo esto debe agregarse la dificultad que implica mantener la cohesión y unidad de criterios de una disidencia política integrada por representantes de visiones moderadas tendientes a la cohabitación, moderados partidarios de salidas electorales, partidarios de la confrontación directa, la autodenominada resistencia, los que apoyan la intervención militar como única solución posible, la sociedad civil antipartidos, la diáspora venezolana y el llamado ex chavismo.

De todo lo anterior se desprende que la salida del chavismo del poder no debe entenderse como una coyuntura sino como un proceso en el que la profundización de la conflictividad social, el deterioro de los servicios públicos y la incapacidad para obtener ingresos obligue a la coalición militar-cívica a aceptar los términos para su salida del poder. Todo esto con el fin de evitar que remanentes violentos del chavismo terminen por apostar por la opción del terrorismo urbano, o que las actuales estructuras corruptas logren mimetizarse en el proyecto político que pueda restaurar la democracia, logrando que Venezuela entré definitivamente en el siglo XXI.

Es decir, mientras más corta sea la salida, mayores serán los efectos colaterales que como país deberemos afrontar. En contraste, mientras mantengamos el enfoque orientado a desmontar al chavismo como sistema social y político vicioso, mayores serán las posibilidades de lograr la reinstitucionalización del país a mediano plazo, recuperar la economía, y más importante, reconstruir el capital social destruido.

Héctor Azuaje Mendoza
Licenciado en Historia / Licenciado en Educación / Estudiante de Especialización en Gestión y Políticas Públicas
Coordinador Municipal de Voluntad Popular en Mérida