Hace un par de días se cumplieron 68 años de la realización de las elecciones constituyentes de 1952, las cuales tuvieron lugar el 30 de noviembre de ese año. 4 años habían trascurrido desde el derrocamiento de Rómulo Gallegos, primer Presidente electo a través del voto universal, en unas elecciones competitivas, signadas por el respeto al estado de derecho y justicia; 2 años mediaban desde el asesinato del coronel Carlos Delgado Chalbaud, quien fungió como Presidente de la Junta Militar que asumió el poder luego del golpe incruento del 24 de noviembre de 1948. Desde ese mismo año los partidos políticos más representativos y organizados, Acción Democrática (AD) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), junto a los principales sindicatos y centrales obreras se encontraban ilegalizados.
Las principales funciones de esta asamblea nacional constituyente serían las de designar a todos los representantes a cargos de elección popular nacionales, a decir de Presidente, Senadores y Diputados, de los titulares de la Corte Federal, de la Corte de Casación, la Contraloría y la Procuraduría General de la República, así como la de redactar una nueva Constitución, que sustituiría a la de 1947.
El cuerpo deliberativo estaría integrado por 106 diputados constituyentes, y una vez convocada la contienda electoral, los partidos Unión Republicana Democrática (URD), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), así como el Frente Electoral Independiente (FEI) creado por la Junta Militar, aceptaron participar en las condiciones diseñadas y avaladas por los militares. Cabe destacar que URD pasó de una posición pro-abstención a la de participación, a pesar de no haber condiciones democráticas.
Contrario a un resultado favorable, la movilización impulsada por AD y el PCV desde la clandestinidad, dieron como ganador a URD, al cual, con casi un millón doscientos mil votos le correspondía la representación mayoritaria en la asamblea constituyente, seguido por unos cuatrocientos mil votos del FEI y algo más de trescientos mil de COPEI. El apoyo de los partidos en la clandestinidad, si bien fue fundamental, no logró ser una expresión cohesionada, ya que dichas organizaciones se batían entre las posiciones de lucha clandestina radical, la lucha armada y la aceptación de condiciones de negociación con la dictadura.
La misma tarde del 30 de noviembre de 1952 Marco Pérez Jiménez ordenó la suspensión de los escrutinios, la censura periodística, así como el encarcelamiento de las autoridades electorales que se prestarán a reconocer un resultado distinto al triunfo del FEI. Un par de días después, el 2 de diciembre, se anunció oficialmente que el partido de gobierno había obtenido 60 curules, 29 URD y 17 COPEI. Una vez conocidos los resultados la Junta de Gobierno presidida por Germán Suárez Flamerich entregó el poder a los militares, quienes designaron a Marcos Pérez Jiménez como Presidente Provisional, hasta su ratificación el 9 de enero de 1953 por la nueva asamblea nacional constituyente, que, el 11 de abril de ese mismo año eliminó la Constitución Democrática de 1947, mediante la cual los venezolanos conocieron por primera vez en la historia republicana el voto libre, universal, directo y secreto.
Los principales líderes de URD y COPEI fueron obligados al exilio, y el fraude materializado el 2 de diciembre, en lugar de potenciar una revuelta popular o una transición negociada, le otorgó a Marcos Pérez Jiménez 5 años más en el poder, en los que impulsaría un ambicioso programa de modernización de la infraestructura nacional -ya planificado desde la década de los 40-, a la par de la profundización de la persecución política.
Cuando justo se cumplían 5 años del fraude electoral del 52, Pérez Jiménez convocó nuevamente a los venezolanos a las mesas, pero esta vez para otorgar un nuevo mandato de cinco años al Presidente, Senadores, Diputados, Asambleas Legislativas Estadales, Concejos Municipales y demás cargos públicos, respondiendo simplemente “si” o “no”; sin partidos, sin campaña y sin mayores posibilidades de participación electoral. A la sazón, se cumplían casi 2 años desde el momento en que los principales líderes de AD, URD y COPEI se sentaron a discutir la posibilidad de firmar un gran acuerdo político, que finalmente se plasmó en el Pacto de Punto Fijo.
El 15 de diciembre de 1957, fecha de realización del plebiscito, la Junta Patriótica había logrado impulsar actividades de protesta en casi todas las capitales de estado, a través del movimiento estudiantil, de los trabajadores y de los dirigentes de partidos en la clandestinidad. Una vez más Pérez Jiménez optó por la alteración de los resultados electorales, pero sin prever la presión popular cada vez más organizada, y los brotes conspirativos de parte de la oficialidad institucional en el seno de las Fuerzas Armadas.
Un mes y 8 días después, el 23 de enero de 1958, Pérez Jiménez era obligado a huir del país, mientras en las calles se celebraba la caída del tirano. Cabe destacar que la bueno pro otorgada a la dictadura por el gobierno de los EEUU, dirigido por Dwight Eisenhower, no fue suficiente para evitar su colapso ante una de nuestras más importantes maniobras de unidad política y presión popular para desterrar del poder a la oscuridad dictatorial.
Como balance general debe puntualizarse que en las elecciones libres de finales de 1958 los venezolanos decidieron premiar la lucha clandestina, y los esfuerzos desde el exilio del líder de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, quien resultó electo Presidente para el periodo 1959-1964, al vencer a Wolfgang Larrazabal, -ex presidente de la Junta Cívico-Militar que sucedió en el poder a Pérez Jiménez-, y a Rafael Caldera, candidato de COPEI.
URD, a pesar de contar con el descollante liderazgo de Jóvito Villalba, no logró conquistar ni la Presidencia ni una representación mayoritaria en las cámaras del Congreso durante el Periodo Democrático; y COPEI solo concretó dos quinquenios presidenciales, ya que la segunda elección de Rafael Caldera solo fue posible como consecuencia de su salida del partido socialcristiano para crear Convergencia Nacional y el chiripero.
De 1952 a 1957 queda como lección que la presión popular organizada es el ingrediente más importante para motorizar el cambio histórico, bien sea por la vía de la protesta ciudadana o de la participación en elecciones como vehículo hacia la ruptura de la estructura de poder interno de la clase política dominante.
De 1958 a 1998 sin duda alguna un importante aprendizaje puede observarse en el análisis de la poca capacidad de las clases dirigentes para sobreponer la defensa del Proyecto Histórico de la Democracia Liberal, a la necesidad de acomodarse en medio de la lógica de cogollos multicolores. De manera que mientras los caudillos partidistas se fortalecían, el sistema democrático avanzaba hacia su destrucción.
De 1998 al presente parece que la lección fundamental estriba en la capacidad de reconocer la permeabilidad de la idiosincrasia de una sociedad signada por grandes daños antropológicos causados por la modernidad atropellada, la desigualdad social, la masificación sin educación de las comunicaciones a través de la radio, la televisión y el internet, el clientelismo de Estado, la demagogia, y la voracidad de una clase dirigente formada para servirse del Estado, y no para conquistar el poder a favor de la construcción de un sistema democrático con instituciones sólidas, respeto a los derechos individuales y al imperio de la ley.
Tal vez en la historia podamos encontrar lecciones interesantes, más allá de los hilarantes análisis de politicólogos, analistólogos, numerólogos y filósofos diletantes de las redes sociales.
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