El 6 de enero de 2021 pasará a la historia como el día en que turbas fanatizadas pretendieron subvertir la institucionalidad de los EEUU. El Capitolio fue el escenario de un espectáculo más propio del tribalismo chavista, que hace algunos años todavía erotizaba a la izquierda burocrática de América Latina. Casualmente sucede días antes de la toma de posesión del nuevo Presidente de los EEUU, y quizás en términos de menor importancia, de que se cumplan 60 años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1961, un 16 de enero de ese año; instrumento normativo que sirvió de base al periodo más largo de estabilidad política de nuestra historia republicana.
Ahora bien, el incipiente año 2021, que marcaba el límite temporal superior del proyecto personalista de Hugo Chávez (él mismo –dixit-), debe servir de espacio para generar una discusión en torno a lo que podemos y queremos ofrecerle a un país anómico, donde contrasta la recuperación del intercambio comercial, el derroche de la clase política dominante, y una economía cancerada, una infraestructura pública en ruinas, y la total erosión de lo que alguna vez fue la institucionalidad política nacional.
Volvamos a los hechos del 6 de enero en los EEUU. Donald Trump llegó a la Presidencia como un outsider, y como un outsider deja las riendas del país, al parecer dominado por un enorme ego, que no le permitió identificar las implicaciones de invocar la fuerza destructora de la llamada “white trash”, y de los “red neck”. Opacada queda su capacidad para impulsar el crecimiento económico, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas sin grilletes ideológicos, y al menos en el discurso, el combate al totalitarismo camburero de América Latina.
Pero en su afán por generar una crisis política para tratar de reivindicar un segundo mandato, las instituciones de los EEUU, fieles a su histórica tradición y filosofía política, cerraron filas para que el sistema prevaleciera por encima de los intereses de un hombre. El colofón de esta cultura política sin duda alguna lo fue la posición institucional del Vicepresidente Mike Pence, quien encaró la sesión del Congreso que ratificaría la elección de Joe Biden como Presidente de los EEUU. La institucionalidad fue defendida por los poderes del Estado y también los partidos políticos.
Confieso que he sentido profunda admiración por haber podido observar uno de esos importantes principios que fueron centro del debate entre los llamados padres fundadores John Jay, Alexander Hamilton y John Adams en los 85 artículos compilados bajo el nombre de El Federarlista, y que sirvieron de defensa al contenido de la Constitución de los EEUU, adoptada en 1787: es decir, el sistema prevalece siempre, las instituciones prevalecen siempre.
Cuestión que es tan importante en la filosofía política de los EEUU que hasta en el cine hollywoodense, cada vez que Michael Bay acaba con el mundo en un triller de ciencia ficción, o cuando Christopher Nolan nos regaló la trilogía del Caballero de la Noche, el sistema siempre prevalece; así se tenga que sacrificar al protagonista.
Volvamos otra ver de esta digresión hacia la cultura cinéfila, para tratar de comprender que en América Latina, por el contrario, tal vez gracias al comeflorismo de Benjamin Constant y demás filósofos políticos franceses que sirvieron de influencia en la conformación de nuestras repúblicas, el sistema siempre ha subyugado su existencia a las prioridades de un hombre devenido en caudillo, o de un cogollo convertido en cónclave político.
Pasó una vez en 1993, cuando partidos políticos, empresarios, notables y militares se conjuraron en contra de Carlos Andrés Pérez, sin medir el impacto que la destitución de un presidente podía tener en una joven democracia debilitada como consecuencia de la incapacidad de reformar el Estado para responder a dinámicas cambiantes, todo esto cuando faltaban meses para que terminara de manera formal el periodo presidencial 1989-1994.
Pasó otra vez cuando Hugo Chávez materializó una reforma de la Constitución por fuera del marco legal establecido y aceptado por él mismo, al no lograr conquistar la mayoría en las Cámaras del Congreso en la Elección Parlamentaria de 1998. No hubo una Corte Suprema de Justicia, ni partidos políticos ni universidades que salieran en defensa del sistema democrático desarrollado en el marco de la vigencia de la Constitución de 1961; la despectivamente llamada “moribunda” por Hugo Chávez, había sido apuñalada por quienes debían ser sus principales defensores; algo así como nuestra versión caribeña del _Idus de Marzo- donde fue asesinado Julio César.
Y es que la única institución medianamente respetada en el desarrollo político que tuvo como base el marco regulatorio de 1961 fue el voto. Y a través del voto conquistaron el poder los enemigos de la democracia.
En este orden de ideas es difícil pensar en la sostenibilidad de una nueva democracia que tenga como único y principal debate el voto, prescindiendo de las condiciones institucionales que hacen que dicho derecho sea efectivo, y como requisito para el ejercicio de la función pública en cargos de representación popular, pero más que eso para la contraloría ciudadana, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, la alternabilidad, el respeto a los derechos individuales y a la democratización general de todas nuestras instituciones sociales.
Más que el voto, que es uno de los diversos derechos humanos, civiles y políticos que se han desarrollado en el mundo occidental desde finales del siglo XVIII, la construcción de un proyecto histórico nuevo –o del siglo XXI- requiere de un profundo proceso de pedagogía política para comprender que la vigencia de la República se expresa principalmente en la prevalencia de sus instituciones. Y sus instituciones no son solo los poderes fácticos sino los límites que cada uno debe tener para que estén al servicios de los ciudadanos y no para ejercer control social autoritario.
En el 2021 que comienza el país insiste en seguir
funcionando muy a pesar de los intentos de un régimen decadente y sus aliados
domesticados para devolvernos a la época de los cogollos, o peor aún, del
caudillismo y el montonerismo decimonónico. Los empleados públicos subsisten
gracias a otros trabajos o emprendimientos personales, comunidades se organizan
para cubrir servicios públicos que el Estado ha dejado de proveer, la mayor
parte del intercambio económico se hace fuera de los marcos regulatorios, y en
contraste, la despolitización de la sociedad avanza peligrosamente.
Vale la pena una última analogía en estas líneas: cuando Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez avanzaron en el derrocamiento de Ignacio Andrade en 1899, no había partidos políticos sólidos ni instituciones que soportaran la arremetida de una hueste guerrera autodenominada “revolución”; en 1998 tampoco hubo partidos políticos e instituciones que sirvieran de defensa al frágil sistema democrático.
Por eso el debate no puede ser solo en torno al voto cual si se tratara de una elección para sustituir a AD o Copei en una gobernación o una Alcaldía, o para cuidar que un espacio lo tenga la oposición y no el chavismo, independientemente de las nulas capacidades para desarrollar una gestión pública aceptable. Sin institucionalidad podemos ganar los poderes más importantes, y en seguida los eternos faccionalistas irán a complotarse con los enemigos de la República para hacer que los intereses personalísimos prevalezcan por encima de la democracia.
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