La democracia venezolana como proyecto
histórico no fue el producto de una sola huelga general articulada con el
quiebre de un sector de las fuerzas armadas. Para que esto fuese posible se
hizo necesaria la creación de espacios para la concertación y el
establecimiento de preacuerdos políticos, que luego fueron honrados a través de
la firma del Pacto de Punto Fijo y de la aprobación de la Constitución de 1961,
así como del respeto a la conformación de gobiernos amplios y el ejercicio alternativo
del poder a partir de 1958.
El desarrollo social que logró Venezuela
entre 1958 y 1983 también fue el producto de consensos, y del respeto a las
reglas institucionales, a pesar de que en términos políticos, las
imperfecciones siempre estuvieron presentes. Por ejemplo, el proceso de
descentralización que incluía la Constitución solo fue posible a partir de
1989, y no obstante, se hicieron importantes avances en términos de desarrollo
de las regiones.
Ahora bien, la llegada al poder de Hugo
Chávez, más que el efecto de una revolución de los pobres, expresó el
agotamiento de la capacidad de la dirigencia política de dar respuestas a un
sistema social cambiante, que desde el proceso inflacionario que comenzó en
1983 con el llamado “Viernes Negro”, vio implosionar el modelo de dependencia
estatal que garantizaba bienestar a la burocracia estatal y al sector privado,
cuyo crecimiento estaba altamente determinado por los negocios con el Estado, y
la capacidad de gasto de los empleados púbicos.
Los partidos políticos venezolanos a
finales del siglo XX perdieron toda la capacidad de defender el proyecto
democrático, y sirvieron la mesa para que el empresariado, los medios de
comunicación y parte de la clase media empobrecida, apostara por la antipolítica
como solución letal para un sistema político enfermo. En parte esto explica el
ascenso de Hugo Chávez al poder, y no la historia patria de una izquierda que
nunca estuvo en capacidad de ejercer un liderazgo real en el escenario
político.
Más que sobre la debilidad
institucional, Hugo Chávez y el chavismo, quienes con el tiempo terminaron
demostrando que no tenían la menor idea sobre el ejercicio de la función
pública, avanzaron más allá de lo que se habían propuesto, dada la facilidad
para hacer caída y mesa limpia con cada institución a la que iban penetrando.
En dos años sustituyeron los colores políticos de la clase dirigente, aprobando
nueva constitución y conquistando más del 75% de los cargos de elección
popular, dos años más tarde hicieron de PDVSA el cajero automático de las
misiones populistas, mientras a la par convertían a la Fuerza Armada
profesional, en un brazo represor al servicio del chavismo, depurado de
cualquier rastro de oficialidad institucional.
Entre el año 1999 y el 2005, un sector
minoritario de empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos nuevos fueron
los factores de mayor resistencia, en medio de las contradicciones, que lograron
aglutinar el descontento social generalizado, pero obviando la necesidad de
establecer acuerdos mínimos para proteger la poca institucionalidad que aún
existía, y no solo centrándose en la polarización en torno al poder. Recordemos
que la antigua Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados que hoy a
través de redes sociales apuestan por soluciones radicales, en 1999 fueron
complacientes con las propuestas de Hugo Chávez; el para entonces recién creado
Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral) rápido se adaptó al ventajismo
ejercido por el chavismo en procesos electorales, facilitando la sustitución
del modelo de representación proporcional de las minorías por el oscuro “suma
cero”.
Al cabo de 20 años de oscuridad en
Venezuela, la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y la misma llegada
del chavismo al poder, son referentes históricos de los que pueden extraerse
lecciones, pero no soluciones totales de cara a la actualidad. Por un lado, el
esquema de huelga general impulsado por la Junta Patriótica junto a los
alzamientos militares que dieron al traste con la dictadura perejimenista entre
diciembre de 1957 y enero de 1958, difícilmente podría aplicarse para el
presente, dado que la institucionalidad en la fuerza armada y la burocracia
estatal no existe, pues en su lugar nos enfrentamos a una red de lealtades
criminales que busca proteger intereses funcionariales, negocios ilegales,
cobro de matracas, tráfico de suministros, comida, combustible, drogas e
incluso trata de personas; a lo cual debe agregarse que el chavismo gobernante
busca a cualquier precio evitar ser procesado por los delitos de lesa humanidad
que se han convertido en práctica habitual del régimen.
Por otro lado, aunque los partidos
políticos que forman parte del chavismo muestran un profundo desgaste y
descrédito ante la opinión pública, encabezados por el psuv mantienen un férreo
control de una dirigencia integrada por lo más granado de la cloaca social y
política de nuestro país, desde los jefes nacionales hasta llegar a los que
integran las llamadas ubchs. Es decir, se trata de agentes sociales que en
medio de un proceso mínimo de reinstitucionalización quedarían rezagados en
razón de su incapacidad para adaptarse a esquemas de convivencia ciudadana
basada en el respeto al estado de derecho. Por lo cual es natural que vean con
reticencia cualquier posibilidad de cambio mínimo en el equilibrio de poder.
De esto se puede destacar que si buscamos
referentes en los hechos experimentados en 1998, comprenderemos que el
empresariado actual y los medios de comunicación han experimentado procesos
caracterizados por la adaptación para no ser aniquilados, o la destrucción
total, como es el caso de canales de televisión, emisoras de
radio y periódicos cerrados, así como de las empresas expropiadas (hoy muchas
quebradas).
Es así como en la Venezuela del 2019 se
plantea un gran reto basado en el aprendizaje de los más recientes capítulos de
nuestra historia, signados por la conflictividad social de 2014, el avance
electoral de 2015, los errores estratégicos de 2016, el proceso de arrase
represivo del 2017, y la inacción política de 2018.
En este sentido lo primero que debemos
comprender es que no se trata de un cambio presidencial que por obra y gracia
del espíritu santo hará que al día siguiente de Nicolás Maduro abandonar el
poder los problemas sociales y estructurales de nuestro país desaparezcan. Se
trata fundamentalmente de un proceso de desmontaje de un Estado cuyo fin
funcional principal es la defensa de las redes delincuenciales que se han
tejido en torno al ejercicio autoritario del poder por parte del politburó del
psuv. Y la complejidad de este proceso estriba entre otras cosas, en la
creación de incentivos lo suficientemente atractivos para que quienes forman
parte de estas redes, pero de forma marginal-desigual, tomen partido por el
quiebre de la coalición militar-cívica gobernante.
Igual situación se presenta en el seno
de las fuerzas armadas, debido a que la sustitución de la meritocracia por las
relaciones de lealtad, hizo posible que quienes por sus incapacidades
profesionales estaban impedidos de lograr materializar la carrera de los
honores militares, lograran ascender, ocupar puestos importantes de comando,
hacer negocios con la institucionalidad, e insertarse inclusive en el oscuro
jet set del chavismo gobernante. De esta manera el ofrecimiento de incentivos
de salida debe reconocer el alto costo, pues lo que está en medio de la negociación no es
solo la posibilidad de estos no ser perseguidos en el postchavismo, sino la de
mantener vivas esas redes delincuenciales controladas por una parte de los
militares.
A todo esto debe agregarse la dificultad
que implica mantener la cohesión y unidad de criterios de una disidencia
política integrada por representantes de visiones moderadas tendientes a la
cohabitación, moderados partidarios de salidas electorales, partidarios de la
confrontación directa, la autodenominada resistencia, los que apoyan la
intervención militar como única solución posible, la sociedad civil
antipartidos, la diáspora venezolana y el llamado ex chavismo.
De todo lo anterior se desprende que la
salida del chavismo del poder no debe entenderse como una coyuntura sino como
un proceso en el que la profundización de la conflictividad social, el
deterioro de los servicios públicos y la incapacidad para obtener ingresos
obligue a la coalición militar-cívica a aceptar los términos para su salida del
poder. Todo esto con el fin de evitar que remanentes violentos del chavismo
terminen por apostar por la opción del terrorismo urbano, o que las actuales
estructuras corruptas logren mimetizarse en el proyecto político que pueda
restaurar la democracia, logrando que Venezuela entré definitivamente en el
siglo XXI.
Es decir, mientras más corta sea la salida,
mayores serán los efectos colaterales que como país deberemos afrontar. En
contraste, mientras mantengamos el enfoque orientado a desmontar al chavismo
como sistema social y político vicioso, mayores serán las posibilidades de
lograr la reinstitucionalización del país a mediano plazo, recuperar la
economía, y más importante, reconstruir el capital social destruido.
Héctor Azuaje Mendoza
Licenciado en Historia / Licenciado en Educación / Estudiante de Especialización en Gestión y Políticas Públicas
Coordinador Municipal de Voluntad Popular en Mérida
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