COYUNTURA O PROCESO HISTÓRICO

La democracia venezolana como proyecto histórico no fue el producto de una sola huelga general articulada con el quiebre de un sector de las fuerzas armadas. Para que esto fuese posible se hizo necesaria la creación de espacios para la concertación y el establecimiento de preacuerdos políticos, que luego fueron honrados a través de la firma del Pacto de Punto Fijo y de la aprobación de la Constitución de 1961, así como del respeto a la conformación de gobiernos amplios y el ejercicio alternativo del poder a partir de 1958.

El desarrollo social que logró Venezuela entre 1958 y 1983 también fue el producto de consensos, y del respeto a las reglas institucionales, a pesar de que en términos políticos, las imperfecciones siempre estuvieron presentes. Por ejemplo, el proceso de descentralización que incluía la Constitución solo fue posible a partir de 1989, y no obstante, se hicieron importantes avances en términos de desarrollo de las regiones.

Ahora bien, la llegada al poder de Hugo Chávez, más que el efecto de una revolución de los pobres, expresó el agotamiento de la capacidad de la dirigencia política de dar respuestas a un sistema social cambiante, que desde el proceso inflacionario que comenzó en 1983 con el llamado “Viernes Negro”, vio implosionar el modelo de dependencia estatal que garantizaba bienestar a la burocracia estatal y al sector privado, cuyo crecimiento estaba altamente determinado por los negocios con el Estado, y la capacidad de gasto de los empleados púbicos.

Los partidos políticos venezolanos a finales del siglo XX perdieron toda la capacidad de defender el proyecto democrático, y sirvieron la mesa para que el empresariado, los medios de comunicación y parte de la clase media empobrecida, apostara por la antipolítica como solución letal para un sistema político enfermo. En parte esto explica el ascenso de Hugo Chávez al poder, y no la historia patria de una izquierda que nunca estuvo en capacidad de ejercer un liderazgo real en el escenario político.

Más que sobre la debilidad institucional, Hugo Chávez y el chavismo, quienes con el tiempo terminaron demostrando que no tenían la menor idea sobre el ejercicio de la función pública, avanzaron más allá de lo que se habían propuesto, dada la facilidad para hacer caída y mesa limpia con cada institución a la que iban penetrando. En dos años sustituyeron los colores políticos de la clase dirigente, aprobando nueva constitución y conquistando más del 75% de los cargos de elección popular, dos años más tarde hicieron de PDVSA el cajero automático de las misiones populistas, mientras a la par convertían a la Fuerza Armada profesional, en un brazo represor al servicio del chavismo, depurado de cualquier rastro de oficialidad institucional.

Entre el año 1999 y el 2005, un sector minoritario de empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos nuevos fueron los factores de mayor resistencia, en medio de las contradicciones, que lograron aglutinar el descontento social generalizado, pero obviando la necesidad de establecer acuerdos mínimos para proteger la poca institucionalidad que aún existía, y no solo centrándose en la polarización en torno al poder. Recordemos que la antigua Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados que hoy a través de redes sociales apuestan por soluciones radicales, en 1999 fueron complacientes con las propuestas de Hugo Chávez; el para entonces recién creado Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral) rápido se adaptó al ventajismo ejercido por el chavismo en procesos electorales, facilitando la sustitución del modelo de representación proporcional de las minorías por el oscuro “suma cero”.

Al cabo de 20 años de oscuridad en Venezuela, la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y la misma llegada del chavismo al poder, son referentes históricos de los que pueden extraerse lecciones, pero no soluciones totales de cara a la actualidad. Por un lado, el esquema de huelga general impulsado por la Junta Patriótica junto a los alzamientos militares que dieron al traste con la dictadura perejimenista entre diciembre de 1957 y enero de 1958, difícilmente podría aplicarse para el presente, dado que la institucionalidad en la fuerza armada y la burocracia estatal no existe, pues en su lugar nos enfrentamos a una red de lealtades criminales que busca proteger intereses funcionariales, negocios ilegales, cobro de matracas, tráfico de suministros, comida, combustible, drogas e incluso trata de personas; a lo cual debe agregarse que el chavismo gobernante busca a cualquier precio evitar ser procesado por los delitos de lesa humanidad que se han convertido en práctica habitual del régimen.

Por otro lado, aunque los partidos políticos que forman parte del chavismo muestran un profundo desgaste y descrédito ante la opinión pública, encabezados por el psuv mantienen un férreo control de una dirigencia integrada por lo más granado de la cloaca social y política de nuestro país, desde los jefes nacionales hasta llegar a los que integran las llamadas ubchs. Es decir, se trata de agentes sociales que en medio de un proceso mínimo de reinstitucionalización quedarían rezagados en razón de su incapacidad para adaptarse a esquemas de convivencia ciudadana basada en el respeto al estado de derecho. Por lo cual es natural que vean con reticencia cualquier posibilidad de cambio mínimo en el equilibrio de poder.

De esto se puede destacar que si buscamos referentes en los hechos experimentados en 1998, comprenderemos que el empresariado actual y los medios de comunicación han experimentado procesos caracterizados por la adaptación para no ser aniquilados, o la destrucción total, como es el caso de canales de televisión, emisoras de radio y periódicos cerrados, así como de las empresas expropiadas (hoy muchas quebradas).

Es así como en la Venezuela del 2019 se plantea un gran reto basado en el aprendizaje de los más recientes capítulos de nuestra historia, signados por la conflictividad social de 2014, el avance electoral de 2015, los errores estratégicos de 2016, el proceso de arrase represivo del 2017, y la inacción política de 2018.

En este sentido lo primero que debemos comprender es que no se trata de un cambio presidencial que por obra y gracia del espíritu santo hará que al día siguiente de Nicolás Maduro abandonar el poder los problemas sociales y estructurales de nuestro país desaparezcan. Se trata fundamentalmente de un proceso de desmontaje de un Estado cuyo fin funcional principal es la defensa de las redes delincuenciales que se han tejido en torno al ejercicio autoritario del poder por parte del politburó del psuv. Y la complejidad de este proceso estriba entre otras cosas, en la creación de incentivos lo suficientemente atractivos para que quienes forman parte de estas redes, pero de forma marginal-desigual, tomen partido por el quiebre de la coalición militar-cívica gobernante.

Igual situación se presenta en el seno de las fuerzas armadas, debido a que la sustitución de la meritocracia por las relaciones de lealtad, hizo posible que quienes por sus incapacidades profesionales estaban impedidos de lograr materializar la carrera de los honores militares, lograran ascender, ocupar puestos importantes de comando, hacer negocios con la institucionalidad, e insertarse inclusive en el oscuro jet set del chavismo gobernante. De esta manera el ofrecimiento de incentivos de salida debe reconocer el alto costo, pues lo que está en medio de la negociación no es solo la posibilidad de estos no ser perseguidos en el postchavismo, sino la de mantener vivas esas redes delincuenciales controladas por una parte de los militares.

A todo esto debe agregarse la dificultad que implica mantener la cohesión y unidad de criterios de una disidencia política integrada por representantes de visiones moderadas tendientes a la cohabitación, moderados partidarios de salidas electorales, partidarios de la confrontación directa, la autodenominada resistencia, los que apoyan la intervención militar como única solución posible, la sociedad civil antipartidos, la diáspora venezolana y el llamado ex chavismo.

De todo lo anterior se desprende que la salida del chavismo del poder no debe entenderse como una coyuntura sino como un proceso en el que la profundización de la conflictividad social, el deterioro de los servicios públicos y la incapacidad para obtener ingresos obligue a la coalición militar-cívica a aceptar los términos para su salida del poder. Todo esto con el fin de evitar que remanentes violentos del chavismo terminen por apostar por la opción del terrorismo urbano, o que las actuales estructuras corruptas logren mimetizarse en el proyecto político que pueda restaurar la democracia, logrando que Venezuela entré definitivamente en el siglo XXI.

Es decir, mientras más corta sea la salida, mayores serán los efectos colaterales que como país deberemos afrontar. En contraste, mientras mantengamos el enfoque orientado a desmontar al chavismo como sistema social y político vicioso, mayores serán las posibilidades de lograr la reinstitucionalización del país a mediano plazo, recuperar la economía, y más importante, reconstruir el capital social destruido.

Héctor Azuaje Mendoza

Licenciado en Historia / Licenciado en Educación / Estudiante de Especialización en Gestión y Políticas Públicas

Coordinador Municipal de Voluntad Popular en Mérida

5 días sin electricidad - 20 años sin luz.

¿A través de qué funciones los ciudadanos comunes pueden identificar la existencia del Estado?

No hace falta apelar a categorías políticas complejas ni análisis profundos para comprender que un agricultor de Niquitao, un pescador de Güiria, un vendedor ambulante de Tinaquillo, un estudiante merideño o un empresario marabino reconocen que el Estado existe cuando a través del gobierno ofrece servicios públicos como agua potable, electricidad, gas, telefonía, servicios de salud, educación, registro civil y seguridad. En América Latina, tan acostumbrada al populismo ambidextro, difícilmente se puede encontrar un modelo de gobierno donde estas funciones las provea el sector privado.

Al amparo del proteccionismo estatal, la mayor parte de nuestros pueblos conocieron estas expresiones de modernidad a través del Estado. Incluso llegamos al punto de evadir el debate sobre el denominado desarrollo sostenible, para centrarnos en la cantidad de servicios y empresas que los gobiernos debían administrar directamente, so pretexto de la visión sobre el control estratégico de las riquezas como una forma de autodeterminación o soberanía.

Durante el periodo democrático, entre 1958 y 1999 se hicieron notables esfuerzos por consolidar una conceptualización de propiedad y administración estatal, sobre la apreciación de que efectivamente el Estado podía ser un buen administrador. Solo los periodos de precios del petróleo a la baja lograron hacer que la élite gobernante dejará de invertir tiempo y energía en esa quimera. Sin embargo, a la llegada del chavismo en 1999, el ascenso de la curva de precios por fuera del eje, así como la incapacidad de la llamada revolución para impulsar un modelo productivo basado en ventajas competitivas, hizo de Venezuela una especie de feudo bituminoso donde lo importante no era producir sino vender. Se reforzó entonces la idea de que el Estado estaba en capacidad de proveer todos los servicios públicos posibles, sin cobrarlos, incentivando inclusive el derroche por parte de la población.

Los servicios públicos en Venezuela comenzaron a colapsar antes incluso de que la modernidad llegará completa. En muchos lugares llegaron primero las neveras y los televisores que la electricidad; se comenzaron a construir casas con lavamanos y sanitarios en sitios donde no había ni acueductos ni tuberías. No obstante, importantes avances se lograron en términos de la construcción de un mega-sistema de generación eléctrica en el bajo Caroní, en los principales ríos de los Andes, y también se construyeron plantas termoeléctricas para dar independencia a zonas alejadas de las áreas de generación como Caracas o Zulia.

Luego de 11 años de chavismo, en el año 2010 Venezuela conoció algo que no era parte de la cotidianidad de la segunda mitad del siglo XX; es decir, un mega-apagón que dejó sin electricidad a 70% del territorio nacional. En  adelante, cada año la crisis del sector eléctrico fue profundizándose con periodos más prolongados de racionamiento, apagones más frecuentes, y por supuesto, la advertencia de los conocedores en la materia de que tarde o tempranos sucedería un mega apagón que dejaría a todo el país sin electricidad por varios días.

¡Y sucedió!

El jueves 7 de marzo de 2019 probablemente será recordado de manera similar al 18 de febrero de 1983, al 27 de febrero de 1989 o al 4 de febrero de 1992. Se trata de hechos que dejan profundas heridas en la psicología colectiva de la sociedad venezolana; que dan forma a imaginarios, que modelan conductas y nutren esa larga cadena de resentimientos que tanto mal le ha hecho a la política nacional.

En una época donde el pulso de la vida en la tierra no solo se mide por los latidos de los corazones de los seres vivientes, sino por la interconectividad, en donde todavía recordamos los delirios milenaristas y escatológicos del efecto Y2K, resulta que Venezuela se desconectó del mundo y se sumió en la oscuridad por 5 días.

Y no se trataba de un relato salido de la pluma de Saramago. Por 5 días Venezuela estuvo sin electricidad, sin servicios públicos derivados y en sentido estricto, sin gobierno. En una sociedad donde el régimen se jacta de controlarlo todo, resulta que por casi una semana no pudo hacer nada. A no ser por las funciones represivas desplegadas contras las personas que con dignidad tomaron las calles para exigir respeto a tener un mínimo de calidad de vida, a no ser por la necesidad de los sádicos esbirros uniformados por dañar al prójimo, el gobierno chavista dejó de existir por 5 días.

En contraste no faltaron las muestras de solidaridad y la capacidad organizativa de vecinos que hicieron sancochos para no dejar perder la poca carne guardada en las neveras, personas que prestaron sus plantas eléctricas para atender enfermos renales como en el caso de una unidad de diálisis en la población de Tovar en el estado Mérida, empresas como Hielo El Toro en Maracaibo regalando sus productos para ayudar a calmar un poco la sed y soportar el inclemente calor.

Pero a la par de la inexistencia del gobierno, también el país mostró mucho de lo peor que puede llegar a ser: jefes de ubchs o claps discriminando entre los que podían y los que no podían recibir agua de una cisterna, jefes chavistas disfrutando de la comodidad de tener en sus palacetes plantas eléctricas con autonomías hasta para pasar un mes sin electricidad, represión, saqueos y destrucción en la que los cuerpos de seguridad no perdían la oportunidad de participar en el festín, familias desconsoladas al ver su poca comida podrirse, adultos mayores muriendo en medio de la soledad producto de la expatriación solapada de sus hijos, y en general calles, pueblos, ciudades sumergidas en la penumbra, en medio de la incertidumbre de si en algún momento se restauraría el servicio eléctrico.

La realidad es que en un país donde el gobierno autoritario del chavismo ha querido traspasar su esfera de control para incluso apoderarse de la existencia íntima de las personas, la gran mayoría de los venezolanos sobrevivieron a los 5 días de oscuridad chavista sin la ayuda del Estado. Una vez más, y como ha venido sucediendo desde que la bonanza petrolera del chavismo llegó a su fin, hombres y mujeres de todas las edades lograron resistir apelando a esquemas de solidaridad familiar y vecinal.

Luego de 5 días sin electricidad y 20 años de oscuridad vimos a un gobierno cicatero concentrarse en buscar culpables externos, en lugar de dar respuesta a venezolanos como los que en Maracaibo perdieron todo su patrimonio de vida producto de los saqueos.

5 días de oscuridad parecen haber hecho mella en el ánimo de un país que mayoritariamente decidió desconocer un régimen incapaz de dar respuestas más allá de su propia nariz. 10 días después del mega apagón del 2019, la herida parece todavía estar fresca en la psique colectiva de los venezolanos. Pero quien no se podrá recuperar de la ceguera, de la oscuridad perenne, es el chavismo.