LA PARADOJA DE LAS IMPORTACIONES.

Los patrones de consumo de Venezuela a principios del siglo XX resultaban bastante atrasados si se les compara con el de las naciones desarrolladas e incluso con el de otros países latinoamericanos. Siendo nuestro país un productor de materias primas (primero agrícolas luego minerales) el fenómeno de la industrialización fue notablemente tardío y por ende la producción casi artesanal no pudo nunca impulsar el consumo en masa.

El comienzo de la era petrolera a partir de la década de los veinte del mismo siglo repercutió en la conformación de patrones de consumo asociados a la producción masiva de bienes y servicios. A través de los comisariatos, de los mercados y los abastos los venezolanos conocimos la leche en polvo, los enlatados, las bebidas preelaboradas, las gaseosas, los detergentes, los cosméticos, la cerveza fría, entre otros muchos más productos.

El desarrollo de la II Guerra Mundial inevitablemente repercutió en ese nuevo patrón de consumo, siendo que la mayoría de los productos eran importados. Los venezolanos de la época conocieron un periodo de escasez que incluso se extendió hasta al menos dos años luego del fin de la guerra. Este fenómeno afecto de igual manera a los países latinoamericanos productores de materias primas.

Surgió entonces en los ámbitos de la planificación económica la idea de la "sustitución de importaciones"; de forma que las economías locales estuvieran en capacidad de sortear los altibajos de la economía global sin que eso involucrara un alto costo social que sin duda afectaría sobre todo a los sectores menos favorecidos. Aparecen, en consecuencia, los parques industriales de Valencia, Maracay, La Victoria, Barquisimeto, Maracaibo, entre otros.Ya en la década de los sesenta la capacidad industrial permitió la consolidación de industrias siderúrgicas y petroleras que años después serían nacionalizadas.

El primer "boom petrolero", también conocido como los años de la "Venezuela Saudita" desaceleró este crecimiento industrial, debido a la concentración de la inversión en la industria petrolera y sus derivados. No obstante, permitió un nivel de inversión social no conocido hasta entonces en nuestro país. Se afianzó el modelo rentista clientelar y esto generó repercusiones que incluso se extienden hasta el presente.

La caía de los precios internacionales del petróleo a principios de la década de los ochenta frenó el avance del Estado rentista y el desequilibrio económico se tradujo en una alta conflictividad social, además en el desgaste del modelo político durante las décadas de los ochenta y los noventa.

El siglo XX venezolano finalizó con una gran desigualdad social, con crecimiento económico muy bajo, pero con la inflación y demás desviaciones económicas prácticamente controladas. No es menos cierto que es durante esa época que grandes trasnacionales tecnológicas dieron un voto de confianza a nuestra economía y en tal sentido invirtieron sus capitales.

Ahora bien, Hugo Chávez asumió el país en tales condiciones y por lo menos durante los dos primeros años de su mandato no rompió la continuidad de dicha visión económica. Fue pública y notoria su aceptación de la llamada "Tercera Vía" económica de Tony Blair. Sin embargo, la polarización política en la que el empresariado y la sociedad civil (clase media) se erigieron como grandes adversarios del chavismo, acicateó la idea de impulsar un modelo económico caracterizado por rígidos controles, estatización de empresas y sustitución de la producción nacional con importaciones, como forma de reducir las posibles fuentes de financiamiento de lo que dio en llamar "contrarevolución". Aparece entonces el "socialismo chavista", o "socialismo del siglo XXI".

Y en términos del análisis del humanismo marxista no se trataba de un socialismo clásico sino de una restauración del modelo rentista y clientelar de atención social que ya en la década de los setenta y ochenta del siglo veinte habían impulsado los gobiernos de Acción Democrática.

El Estado a través del gobierno derrochó a más no poder y los grandes beneficiarios fueron los intermediarios y las nuevas mafias de las importaciones y el mercado negro (bachaqueo). Ya en el año 2008 se visualizaban los efectos perniciosos de un modelo que apuntaba a convertir la economía venezolana en un gran mercado negro.

Los planificadores económicos del chavismo no tuvieron problema en dejar florecer tan oprobioso sistema puesto que todo indicaba que a mediados de la década de los diez del siglo XXI el petróleo estaría cabalgando por encima de los 200 dólares. ¡Craso error!

En contraste, hoy mientras la economía estadounidense y la de sus socios mantiene un franco crecimiento en desmedro de las economías de los países emergentes, todo indica que entramos en un largo periodo de precios de materias primas a la baja. Paradójicamente el anacrónico gobierno chavista aboga por una política de sustitución de importaciones y de reactivación de la productividad nacional. He ahí una de las mejores pruebas de las contradicciones inherentes a un modelo político y económico decadente que, no conforme con ya estar rodando por el barranco, pretende arrastrar a toda la nación evitando con esto que entremos definitivamente al siglo XXI.

La respuesta a todo esto es que siendo el chavismo el causante de la enfermedad, no es posible que tan retrograda visión de la política sea la capaz de sacarnos de esta la peor crisis económica y social de nuestra historia. Con un barril de petróleo por debajo de los 20 dólares -tomando en cuenta que los costos de producción son superiores-, la realidad es que estamos peor que a finales de los noventa, cuando el costó del barril oscilaba los 7 dolares.

La reactivación de la economía requiere de un cambio de visión y por lo tanto de un cambio de gobierno. El chavismo debe comprender que la gran borrachera del rentismo llegó a su fin y por lo tanto dar paso a los venezolanos decididos a reconstruir todo lo que ellos destruyeron: nuestro país.

¿Acaso estamos conscientes del cambio histórico que comenzó el 6 de diciembre de 2015?

El triunfo de la oposición o la derrota del chavismo es mucho más que el producto de una campaña electoral exitosa o mal diseñada (para el caso de los perdedores). Así como el triunfo del chavismo en 1998 fue mucho más que una estrategia agresiva de propaganda impulsada por los grandes medio nacionales.

La crisis económica y social que se manifestó con el fin de la bonanza petrolera que permitió la construcción de la llamada "Gran Venezuela" no fue solventada por Hugo Chávez sino que por el contrario, la segunda gran bonanza petrolera de nuestra historia reciente solo fue utilizada para reforzar un Estado más burocrático, más corrupto, más ineficiente y una sociedad mucho más dependiente.

De ese esquema de populismo y derroche todos fuimos parte directa o indirectamente.

Hace cuestión de seis años, los teóricos económicos del chavismo visualizaban una economía multipolar con los EE. UU. hundiéndose en la crisis, la consolidación de economías como China y Rusia, la emergencia del resto de los llamados BRICS, y nosotros disfrutando de un barril de petróleo a 200 dólares para 2015. En ese orden, cambiar de socios económicos e impulsar un modelo basado en la importación estatal de productos de consumo masivo parecía viable, además de garantía de ejercicio de gobierno por al menos 30 años.

Sin embargo, la economía estadounidense no se hundió. Todo lo contrario, a través de las empresas tecnólogicas (Apple, Microsoft, Google) se recuperó y nuevamente se puso por encima de China y Rusia. A la par estos dos países entraron en procesos recesivos, generando efectos por consiguiente en el resto de los BRICS y economías de importancia secundaria como la venezolana.

En ese escenario, vale la pena señalar los ejemplos latinoamericanos de países como Colombia y Perú que aprovecharon la relativa estabilidad económica de la región para mejorar sus instituciones y a la vez crear mejores condiciones para la inversión. Venezuela por su parte se desgastó en la polarización política mientras las únicas cosas que crecían eran el gobierno y el gasto público.

Hoy la realidad es otra y luego de 7 años de colas, de bachaqueo, de controles, de delincuencia desbordada, la sociedad venezolana a través del voto expresó lo que ya en 2013 era una realidad, en 2014 un argumento a favor de la protesta y en 2015 un mensaje claro: CAMBIO.

Y más que un cambio de gobierno la ciudadanía lo que demanda es un cambio de esquema que permita que Venezuela entre definitivamente en el siglo XXI.

Gobierno y oposición deben por tanto renunciar a las propuestas populistas centradas solo en ganar el favor electoral para así reencontrar el camino de la modernidad política. Los servicios públicos hoy están peor que hace 20 años, la capacidad de respuesta gubernamental ante temas como el arreglo de vías e infraestructura hoy sigue siendo tan lento como en los años 30 del siglo XX, la distribución de los recursos en los distintos niveles de la administración público solo da para el pago de personal y la corrupción. Ya no es posible que un alcalde o un gobernador emprenda proyectos de modernidad puesto que eso es una potestad exclusiva del gobierno nacional.

En tal sentido esta nueva etapa de nuestra historia debe retomar la planificación, la discusión, la negociación y la concertación como principios rectores para atender y superar nuestras problemáticas nacionales. La megafiesta de derroche de la revolución llegó a su fin y por lo tanto es necesario que retomemos el sendero del trabajo como garantía de mejoras, movilidad social y bienestar colectivo.

Hay mucho trabajo por hacer, pero mientras más pronto comencemos, las soluciones serán mucho menos traumáticas.

EL ÚLTIMO RETUIT DE GÉNESIS.

Una noche cualquiera, de esas en que luego de varias reuniones uno llega a casa y se sienta frente al computador a revisar redes sociales, una noche cualquiera en las que uno revisa miles de comentarios en Twitter o Facebook, una noche de esas en que nos vamos por la frivolidad de escudrinar cuanto timelime se nos aparece, encontré la cuenta de una modelo valenciana llamada Génesis. Un hermoso rostro en una posición casi adolescente adornaba el avatar de una de las miles de bellezas venezolanas que podemos encontrar a través de la web en cuanta aplicación pueda estar de moda dentro de la sociedad 2.0.

A primera vista sus tuits y retuits resultarían un tanto frívolos; propios de una joven venezolana con aspiraciones de formar parte del selecto grupo de nuestras mises de talla mundial y universal. Su cuenta dejaba ver las interacciones propias de una novel modelo, sin ninguna otra urgencia que la de darse a conocer a través de su belleza. Intercalados se encontraban algunos retuits de comentarios de voceros políticos y de noticias. Un espíritu de guerrillero comunicacional al más puro estilo Miguel Ángel Pérez Pirela habría llegado a la brillante conclusión de que solo se trataba de una alienada más, otra sifrinita con aspiraciones plástico-burguesas, incapaz de ver todo lo "bueno" y "maravilloso" de la revolución de Chávez y su hijo.

La valenciana es una modelo, una miss que por más de que me empeñe en apoyarla, jamás llegará a ponerse una corona de reina, jamás logrará saltar a la fama y luego tal vez terminar siendo animadora, cantante o actriz. Tampoco podrá emular a Irene Sáez, logrando posicionarse como figura femenina en un mundo político avasallado por los hombres. Mucho menos podrá salir a una marcha a gritar consignas contra el mal gobierno, o simplemente no podrá tomarse fotos con sus amigas, adornada de tricolor en sus gorras y pulseras. 

Encontrar a la modelo valenciana no fue un hecho fortuito. Al momento de teclear en el buscador, ya estaba claro de su nombre y apellido. Al revisar su último retuit ya había reconocido que su cuenta no tenía interacciones desde el 14/02/2014. Se trataba de Génesis Carmona. Quien perdió la vida hace un año y un día, luego de que recibiera un disparo en la cabeza mientras corría para protegerse de la arremetida de las bandas delincuenciales motejadas como "colectivos", ordenada por Francisco Ameliach, luego de que este tuviera la brillante idea de anunciar por Twiiter su versión personal de la "solución final", pero aplicada a los escuálidos.

A Génesis Carmona no le quitó la vida una bala perdida. A Génesis Carmona la asesinó la intolerancia de los que piensan que quienes ejercemos nuestro derecho a pensar distinto no merecemos vivir en este país. 

El último y tal vez un tanto cursi retuit de Génesis Carmona, decía lo siguiente: "Quédate con el que cuente las mejores historias. Un día va a contar la tuya". Hoy comenzamos a contar la tuya, la de quien fue asesinada por un gobierno con más militares y malandros asesinos que médicos y maestros.

LOS ROSTROS DEL BACHAQUEO.

El problema del contrabando (bachaqueo en estos tiempos) va más allá de las promesas populistas y demagógicas de un gobierno incapaz de asumir el exorbitante derroche de más de 15 años de personalismo y hegemonía del chavismo. El solo origen de la expresión "bachaqueo" da para analizar algo que el chavismo jamás va a reconocer: la responsabilidad por la peor crisis económica y social de nuestra historia.

El contrabando es un problema de buena parte de la historia venezolana en sus periodos colonial y republicano. Las primeras rebeliones civiles (llamados movimientos pre-independentistas) corresponden a acciones dirigidas a levantarse principalmente contra el monopolio económico ejercido por España en sus provincias americanas. El logro trascendental de la independencia fue principalmente la libertad para comerciar (casi todo los demás, sobre todo el tema de derechos sociales, quedó sin mayor cambio). Durante los siglos XIX y XX las zonas portuarias y fronterizas fueron desarrollando su condición de espacios proclives al contrabando (así como en todas las fronteras pobladas del planeta). De forma que sobre todo los estados Zulia y Táchira encontraron en el contrabando más que un mecanismo de intercambio, una expresión social y cultural de los pueblos de frontera.

El ahora “bachaqueo” no nos molestaba tanto cuando la balanza comercial era favorable a Venezuela. De seguro más de un chavista, incluyendo al mismo Maduro (con todo y sus aparentes limitaciones cognitivas) pudo comprar, en aquellos años cuando eran adecos, copeyanos o izquierdistas parasitarios, ropa en Cúcuta o Maicao para revender en Venezuela, o simplemente para uso propio.

Inclusive durante los primeros 12 años de la revolución, mientras en el plano del discurso se ufanaban de un nacionalismo que no les permitía ni aceptar agua colombiana regalada, tirios y troyanos se beneficiaron por igual del raspacupismo y el bachaquerismo en la frontera hasta que el mismo gobierno le puso fin a tan jugoso negocio revolucionario.

Pues bien, la balanza comercial desde hace por lo menos seis años no es favorable a Venezuela, los dólares ya no son tantos como para derrocharlos de la forma más chavista posible, y la producción nacional ha caído a límites comparables a los de una condición de guerra mundial. El negocio ahora no es comprarle al vecino sino venderle. Pero con el agravante de que ya no producimos ni para cubrir las necesidades del mercado de consumo interno.

¿Quiénes son entonces los que motorizan el nuevo coco de las noches infantiles de la revolución? Basta recorrer las zonas de frontera, los mercados populares, de las pulgas o de buhoneros de todo el país para caer en cuenta de cuáles son los rostros del bachaqueo. En el Mercado de las Pulgas en Maracaibo no es Lorenzo Mendoza, ni Jorge Roig, ni ningún oligarca el que te vende un kilo de leche a 250 bs, una harina pan a 50 bs, un pote de champú a 250 bs o un desodorante (cuyo precio oficial es de 17 bs) a 120 bs. No es Leopoldo López o Henrique Capriles el que te cobra la matraca cuando pasas un camión o una gandola (tracto-mula para los colombianos) full de gasolina o leche de Mercal. No es tampoco un gobernador o alcalde la oposición el propietario de los depósitos donde se clasifica la mercancía que se vende a sobreprecio o se envía a Colombia buscando la mejor ganancia.

Allá, donde el chavismo solo va a buscar votos, a pintar una acera cuando es políticamente conveniente, o a poner vallas religiosas con la figura del gigante muerto, el llamado pueblo ha encontrado una forma de subsistir ante el embate de una política económica errada, revendiendo lo que puede comprar luego de hacer humillantes colas. Invertir un sueldo mínimo, o parte del mismo comprando productos regulados puede representar para una familia pobre (que las hay y por millones luego de 15 años de revolución) la posibilidad de duplicar sus ingresos. En la frontera un militar de tropa con fuertes aspiraciones de lograr la “felicidad burguesa” puede ganar en un solo día a través de la matraca el sueldo quincenal de un oficial general (no lo que gana Rafael Ramírez; tampoco el bachaqueo da para tanto). Un funcionario público con claras aspiraciones de empresario capitalista puede encontrar en el control de un depósito o varios camiones bachaqueros, una opción para abultar las ya gordas arcas personales, pero bajo la premisa de que “no lo hace robando sino invirtiendo su plata en un negocio de oportunidad”.

A todo esto debe sumarse las reconocidas mafias que por años se han lucrado de comprar muy barato, pasar por los caminos verdes y vender caro. Ante la omisión o el amparo de las fuerzas armadas y las autoridades aduanales cuyo ética y moral (revolucionaria) tiene la misma consistencia que medio vaso de chicha con hielo.

Como muchos analistas económicos han coincidido, el contrabando no es la causa sino la consecuencia de los vicios de un modelo económico rentista que durante quince años ha invertido más en la consolidación de un sistema cerrado de importaciones, desestimulando la inversión y producción nacional. De un sistema de control de precios que solo ha propiciado el aumento de los productos a un valor en bolívares al que tal vez con precios liberados no habrían llegado. De la actuación errática de un gobierno que en los últimos años, ante la contingencia, parece haber hecho un acuerdo por debajo de la mesa con parte del empresariado para generar las condiciones que permitan administrar la miseria logrando el control totalitario del país.

Vale la pena destacar que, los productos cuyos precios regulados son más irreales en relación al ritmo inflacionario, se constituyen en los principales símbolos de la escasez y el contrabando. Lo que se explica por una lógica simple: si los precios de regulación son ridículamente irreales, y si la demanda es superior a la oferta, no hay que ser Domingo Felipe Maza Zavala para entender que se produce una distorsión en la que la escasez y las ventas no oficiales con sobreprecio aparecen sin mayor planificación.

Para lograr dar con las verdaderas causas de la mayor crisis económica (e incluso social) de nuestra historia, el gobierno solo debe mirarse a un espejo adornado con las palabras “revolución”, “socialismo”, “pdvsa”,“rentismo”, “cadivi”, “Indepabys”, “sundecoop”, “sundde”, y muchas otras, para encontrar al verdadero responsable. Nicolás Maduro, como hijo disciplinado debe asumir el desastre económico que se gestó en los años de su papá militar, y en lugar de solo hacer un quid pro quo, un “cambiar para seguir igual”, en principio debe reconocer el fracaso del modelo económico chavista. Mientras más tiempo busque ganar a favor de eludir responsabilidad, más grande es la hipoteca que la revolución nos dejará a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. 

LA PRIVATIZACIÓN SOCIALISTA.

En Venezuela, desde el advenimiento definitivo de la democracia a partir de 1958, se consolidó un modelo de funcionamiento estatal que nos ha permitido a muchos formarnos en escuelas, liceos, universidades (pre y postgrado), así como contar con atención gratuita en hospitales, ambulatorios, consultorios e instituciones públicas en general.

Tan importante es el papel del Estado en estos ámbitos que, por ejemplo en la década de los 90 del siglo pasado las universidades nacionales autónomas experimentaron un periodo de mucha conflictividad como consecuencia de la potencial privatización de la educación superior que se estipulaba (o se interpretaba) en un proyecto de ley de universidades que buscaba limitar o reducir las funciones de financiamiento por parte del Estado. Lo que se explica por el hecho de que, si un aspecto ha servido en nuestra contemporaneidad al debate, en lo que se refiere a la diferenciación de los grupos políticos, es el de la privatización de las relaciones productivas y la atención social.

Si bien en distintos momentos partidos como Acción Democrática y COPEI defendieron el intervencionismo estatal, durante los últimos 60 años son las izquierdas las que prácticamente monopolizaron el discurso contra la privatización de las funciones del Estado. En contraste, la existencia de un Estado propietario y rentista que, independientemente de la eficacia se reserva el control de las relaciones productivas y la atención social, no parece haber tenido padre o madre exclusivamente de derecha o izquierda, sino más bien progenitores emparentados con el caudillismo, el militarismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana, y sobre todo con el populismo.

Consecuentemente las izquierdas empoderadas del presente han defendido de manera vehemente este tipo de intervencionismo estatal que en la práctica trasluce (consciente o inconscientemente) el ejercicio monopólico de un ente (Estado-Gobierno-Partido) con poderes plenos (para legislar, impartir justicia y decidir en general).

Ahora bien, luego de la conflictividad de los años 2002-2003, a semanas de realizarse el Referéndum Revocatorio de 2004, el fallecido presidente Hugo Chávez apeló, como respuesta a la coyuntura electoral, al impulso de un plan macro de asistencialismo que con el nombre de “misiones” llevaría a los venezolanos a recordar los tiempos en que Carlos Andrés Pérez I fomentó el crecimiento del Estado asistencialista a través de la creación de distintos programas sociales y subsidios. Con la diferencia de que la profunda desigualdad social de los tiempos presentes permitió un despliegue principalmente dirigido a servir de paliativo a la pobreza y no de estímulo a la movilidad social. La experiencia de 9 años de misiones, de relanzamiento, reestructuración, desestructuración y abandono de las mismas debido al burocratismo y la corrupción derivada de un funcionamiento que deja por fuera el ejercicio de contraloría, son prueba de lo anterior.

Ese tipo de intervencionismo, llámese programas sociales, llámese misiones, sin duda ha ocupado uno de los puntos más críticos de las discusiones en cuanto al papel del Estado Venezolano en los últimos 24 años (1989-2013).

Pues bien, durante 14 años de revolución (en principio “tercera vía”, luego bolivariana, luego socialista, luego religiosamente chavista), el gobierno ha ejercido un sin igual papel interventor, ya que ahora el Estado no solo  es propietario y principal agente del asistencialismo social, sino también administrador de empresas, controlador de franquicias, comerciante, publicista, banquero y transportista. Visto de otro modo, el gobierno venezolano ha devenido en el gran holding que controla y regula la mayor parte de las relaciones productivas y de asistencia social.

En experiencias como la de la RDA (Alemania Democrática), ese tipo de intervencionismo, si bien profundamente totalitario, es hoy recordado por un parte del pueblo alemán como altamente eficiente. He aquí el elemento diferencial con respecto al ejemplo venezolano de los últimos 14 años.

Si bien nuestro país cuenta con una red hospitalaria, educativa (en todos sus niveles) y asistencial pública en general. Si bien el gobierno central publicita en todo momento los grandes presupuestos asignados, los simples brochazos de pintura en una escuela, la reparación de un tomacorriente en un hospital, entre otras cosas, en la práctica, la mala administración de lo público aunada a patéticas condiciones laborales, nos lleva a enfrentamos con una privatización indirecta de los derechos sociales de todos los venezolanos. Pero ¿Cómo se explica esto?

Cuando un venezolano o venezolana, ante el hecho de que para poder ser atendido en una emergencia hospitalaria o a nivel de consulta debe esperar por varias horas en centros deteriorados y carentes de recursos, decide gastar su sueldo para poder ser atendido de una manera menos traumática en una clínica, termina apelando a la privatización.

Cuando un venezolano o venezolana, en vista de los problemas de violencia, carencia y falta de exigencia académica (a estudiantes y docentes) dentro de nuestras escuelas y liceos, inscribe a sus hijos o hijas en un Colegio, está fortaleciendo la educación privada. (Valga preguntarse cuál ha sido el periodo de nuestra historia democrática en que más colegios privados se han creado).

Cuando un venezolano o venezolana decide ir a las grandes cadenas de supermercados ante la escasez de productos en redes como Mercal, Pdval o Abastos Bicentenario, incrementa los beneficios de la empresa privada.

Cuando un grupo de venezolanos contrata para su comunidad un servicio de vigilancia, como forma de enfrentar la inoperancia de los cuerpos policiales y de seguridad en general, está generando privatización de la seguridad.

Cuando un alto funcionario establece como requisito para otorgar permisos o hacer trámites la respectiva comisión (tajada), acrecienta fortunas privadas en detrimento del erario público.

Como estos sobran los ejemplos en que la ineficiencia del Estado obliga a los venezolanos a fortalecer a un sector privado que, valiéndose de su relativa eficacia, sigue imponiendo sus prerrogativas las reglas en lo que se refiere a las relaciones productivas y la prestación de servicios. (Importante es que se revise los mecanismos de adecuación de muchas empresas a la legislación laboral para dar con uno de los elementos que dan peso a este aserto).

Un buen revolucionario de estos tiempos podría colocar la responsabilidad de todo esto en una sociedad inoculada con la “enfermedad del capitalismo”. No obstante, la histórica dependencia de la nuestra con respecto al Estado, hace pensar en explicaciones distintas.

Nuestro presente cotidiano, el de las colas, el de la inseguridad, el de la ineficiencia gubernamental, el de la explotación del hombre por el Estado rentista, señala dos grupos diferenciados, pero igualmente afectados por las contradicciones de un proyecto país construido con los despojos políticos del llamado “bipartidismo adeco-copeyano” y los ideológicos de la Cuba de los Castro. 

Se trata de un gran grupo de perennes acreedores convencidos de la ineludible responsabilidad del Estado en la resolución de sus más mínimas necesidades, de que su pobreza es el producto de la riqueza de otros (en el caso de los pobres), o de que no retribuyen en forma de salario por los servicios prestados sino que regalan sus dineros a los empleados (en el caso de los propietarios). Y de otro grupo que, convencido de la necesaria capacitación, del emprendimiento, de la libre competencia, de la responsabilidad social y de la resolución práctica y apremiante de los problemas, debe sobrevivir sorteando los vicios de los sectores público y privado que, dicho sea de paso, ninguno brinda los mejores servicios y beneficios.  

Nuestro problema como sociedad-país es que nos enfrentamos a un Estado cada vez más grande y a la vez más ineficiente, que nos obliga a rechazar la atención social que ha asumido como responsabilidad. De forma que en la Venezuela de la segunda década del siglo XXI es claro que conviven dos países que rehúyen el uno del otro, que han asumido modelos de funcionamiento independientemente de que los mismos impliquen la negación de los derechos y responsabilidades del otro.

Un Estado interventor altamente burocratizado y corrupto puede generar sobre la población efectos tan perniciosos como los sistemas fisiocráticos. Con un Estado laissez faire las empresas más competitivas son las que obtienen la mayor ganancia sin importar los costes sociales. Sin embargo, con un Estado interventor como el venezolano, son las empresas que se pliegan al gobierno, y no necesariamente las más competitivas las que se arrogan  este beneficio, sin que esto implique la reducción del impacto social.

En medio de tales circunstancias los vampiros políticos y los empresarios explotadores siguen amasando fortunas. Los primeros a través de la corrupción estatal, los segundos a través de sus monopolios; ambos a través de la administración de la miseria y la explotación de los venezolanos.

Lo más grave de todo esto: en una sociedad en medio de una profunda crisis ética y moral, en una sociedad altamente polarizada, son muy pocos los que se atreven a denunciar las faltas cometidas por el sector público y el sector privado debido a solidaridades corporativas injustificadas, o por el temor a ser lanzados como parias a un tercer país inexistente.  

UN APÁTRIDA EL PRIMER DÍA DESPUÉS DE CHÁVEZ

Ayer pasaron cosas. Ayer me levanté muy temprano, a pesar de no tener que ir al trabajo. Desayuné temprano y me senté al frente de la computadora para hacer un repaso noticioso sobre la trágica noticia de la tarde del 5 de marzo. Cual entusiasta de las tecnologías de información y comunicación, pasé toda la mañana alternando entre la portátil, el celular, el televisor, y como si fuera poco, la tabla. Escuché que a las 8am debían sonar 21 salvas en honor al presidente fallecido y justo a las 7:59 estaba junto a la ventana esperando el ensordecedor sonido de la artillería de las Fuerzas Armadas. No pasó nada. Cada no sé cuantos minutos bajaba el volumen al televisor para escuchar, pero no pasó nada. Frente a la computadora por momentos leía un buen libro digital, revisaba algún sitio de noticias, y de manera intermitente entraba en las redes sociales. Esa intermitencia me permitió encontrar un tweet que decía que a las 10am partiría el féretro del presidente rumbo a la Academia Militar. Salté de la computadora a la televisión y pude ver en uno de los canales -no sé cuál-, del antes SNMP, ahora SIBCI, que efectivamente un féretro cubierto con una bandera era rodeado por el pueblo. Por un momento me pregunté ¿Por qué no hay cadena nacional? A los minutos la providencia revolucionaria y socialista me escuchó y comenzó la cadena. Por varias horas estuve mirando cómo un río de pueblo se unía a la última marcha de su líder. Por momentos me resultaba difícil procesar que pudiera ser teletestigo de algo que solo había conocido a través de los libros cuando revisaba las imágenes del sepelio de Rómulo Betancourt en 1981. Regularmente quedarse en casa para leer, trabajar en la computadora o simplemente pasar el día revisando cosas intrascendentes a través de la web, resulta una oportunidad para darle placer a los oídos con la música que suelo escuchar. Ayer no fue así. Ayer por respeto no escuché música. Ayer por respeto creo que incluso fui incapaz de hablar con un tono de voz elevado. Ayer traté de no reír por respeto. Por respeto solo salí de la casa al final de la tarde para evitar cruzar miradas con un pueblo que estaba sumido en la tristeza. Volví al televisor y veía lágrimas genuinas de un pueblo convencido de que quien había muerto era el “libertador del siglo XXI”, el “Jesucristo de los pobres”, uno más que en otras épocas batalló incansable codo  a codo en esas avalanchas rojas de pueblo.  Veía y escuchaba también los agradecimientos, los panegíricos, las odas. Veía y escuchaba las amenazas, los epítetos, la sorna, la propaganda, la reverencia al ungido. Luego de varias horas renuncié a la revisión intermitente de la cadena y volví a mis cosas. En el celular, que sonaba y titilaba de cuando en cuando, los mensajes iban y venían. Para mi sorpresa, mis amigos de la oposición apátrida no celebraban. ¡Respetaban el luto! En algún momento compartíamos mensajes y cadenas de mucha franqueza, de crítica, pero jamás una expresión de alegría. Regreso a las redes sociales y encuentro que mientras se desarrollaba una de las cadenas más largas de la historia, algunos sitios de noticias de la derecha publicaban fotos y vídeos de mi pueblo tomando uno que otro licorcito para celebrar la vida del comandante. Por momentos me pareció irrespetuoso, pero elucubre sobre la complejidad de los imaginarios colectivos. Me ahorré otro tipo de análisis para no caer en los terrenos de la conspiración apátrida. De pronto comienzo a revisar la constitución para tratar de elucidar lo que debía pasar con respecto a la sucesión presidencial. Para sorpresa mía, ya eso se había resuelto a través de la ilimitada subjetividad que brinda la única constitución aprobada por el pueblo en referéndum popular, pues ya Nicolás Maduro había firmado su primer decreto como presidente encargado. Reapareció en mí un tipo de razonamiento tan crítico como apátrida, de esos que tanto molesta a más de un revolucionario. Escribí varias veces por las redes sociales que se había instalado un “gobierno de facto”. Pero tal vez por respeto al luto, pocos fueron los que se dedicaron a hablar de eso. Di la batalla por perdida y ya al final de la tarde decidí salir a la calle.  Emprendí una ruta cotidianamente usada, una estrecha calle cerca de mi hogar circunstancial. Allí las banderas de Venezuela, los afiches del líder, eran los elementos que hacían ostensible el sentir del pueblo. Mi curiosidad apátrida me llevó a escrutar las banderas para comprobar si efectivamente estaban a media asta.  Mi pueblo después de casi diez años de misiones todavía no sabe que la bandera a asta completa indica júbilo, y a media asta conmemoración o luto. Dejé de lado la trivialidad de estar examinando banderas y seguí caminando. Allí estaba el pueblo. Ese pueblo que más temprano lloraba a su líder, ya se disponía a celebrar su vida brindando con una que otra bebida espirituosa. Ya el luto parecía que se había tornado en prolegómeno de un asueto extraordinario. Otra vez pensé que era irrespetuoso, pero recordé la bendita premisa de los imaginarios, de la psicología social. Luego de tratar infructuosamente de ir al gimnasio y de conseguir pan para la cena, luego de compartir ideas con dos buenos amigos sobre las cosas que como ciudadanos debíamos enfrentar en los próximos días, regreso a la casa a instalarme en mi personalísima versión de la seguridad de las tecnologías de información y comunicación. Ya la cadena había terminado, pero el féretro del líder del siglo XXI se encontraba en capilla ardiente en la Academia Militar, acompañado por su familia, por sus colaboradores más cercanos, y por una kilométrica cola de pueblo que esperaba verlo por última vez. La última imagen del día, antes de apagar la computadora, el televisor, la tabla y el celular, antes de dormir, fue una publicada por un sitio web de la derecha. La misma mostraba al ungido Nicolás Maduro y a varios ministros con sonrisas que casi rayaban en carcajadas, frente al féretro del comandante presidente en su descanso eterno, en su para siempre y hasta siempre. Me pareció irrespetuoso, pero otra vez la idea de los imaginarios populares, de la psicología social, me llevó a desechar tal razonamiento. Seguramente la explicación preclara, nacionalista, revolucionaria, socialista, es que estaban celebrando la vida del gran líder de la Venezuela re-emancipada. Seguramente celebraban que el mejor regalo post-mortem del pueblo al “libertador del siglo XXI” es el otorgarle un cheque en blanco a uno de sus diádocos, para darle continuidad a la revolución. Ese fue el último razonamiento del día de un apátrida que quiso ser respetuoso en el primer día de la era post-Chávez. 

SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN MODELO POLÍTICO Y SOCIAL ALTERNATIVO DESDE LOS REFERENTES HISTÓRICOS Y LAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO POLÍTICO OCCIDENTAL.

Durante el siglo XX venezolano, luego de la finalización del ciclo de las dictaduras militares (1958), se plantea la posibilidad concreta –después del experimento fallido del trienio 1945-1948- de desarrollar un proyecto democrático liberal (en alusión a una expresión usada por el historiador Germán Carrera Damas) bajo lo que para entonces representó un acuerdo mínimo de gobernabilidad –Pacto de Punto Fijo, “gobierno de la Ancha Base”- entre las fuerzas políticas en las que se agrupaba la élite política formada en la herencia de la Generación del 28.

            Sin embargo encontramos como la apuesta por una institucionalidad solida como forma de asegurar el no retorno del militarismo y el paternalismo estatal no fue capaz de mantenerse ante la emergencia del populismo, la consolidación del rentismo, el burocratismo, la tendencia al clientelismo de los partidos políticos y la profundización de las desigualdades sociales. A la sazón, los intentos de sinceración y reestructuración del sistema político venezolano a finales de la década de los ochenta y principios de la de los noventa del siglo pasado,  al no funcionar en alternancia con los respectivos paliativos que permitieran aminorar el costo social de las tentativas de reforma del Estado, agravaron la crisis de la democracia representativa, haciendo de ésta un modelo jurídico, político y social inviable.

            Ante el ritmo paquidérmico que había asumido el Estado venezolano con respecto a la generación de movilidad, estabilidad y bienestar social, el “sistema populista de conciliación de élites” (Rey, 1991 citado por Andara) es sustituido por un “modelo de Estado decisionista y patrimonialista de inclusión popular” (Andara, 2011). Con esto la apuesta por el “Estado mínimo” apoyado desde las corrientes conservadoras y liberales resulta paradójicamente desplazada por un Estado reforzado en sus poderes, proclive al presidencialismo.

            Si bien es cierto que luego de trece años desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, y de alrededor de siete después del impulso inicial del llamado “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, nos encontramos ante un panorama de reivindicación de los derechos a la participación y atención por parte del gobierno de los sectores más desposeídos, así como en el de los intentos por construir una nueva mentalidad social regida por los principios de la solidaridad, la participación, la autogestión y la “defensa de la patria”, las contradicciones objetivas nos muestran a un modelo político transicional incapaz de no reeditar los llamados “vicios” de la democracia representativa. Que además parece apostar por una ruptura radical de las barreras entre las esferas de lo público y lo privado, bajo la tutela de un Estado hegemonizante de los diversos espacios de la vida social.

            En contraste, si bien puede aceptarse la viabilidad política del proyecto liderado por el presidente Hugo Chávez en tanto este sea la cabeza del Estado venezolano, elementos políticos, sociológicos y ontológicos expresan la inviabilidad de la sociedad venezolana bajo los patrones de hábitat, consumo y desarrollo en general que se han venido reafirmando en los últimos años.

            Dentro de todo este panorama al menos un elemento aparece claro: la afirmación del ejercicio de la ciudadanía como forma de construcción de un proyecto nacional democrático expresado en un nuevo contrato social que más que alternativo sea viable en el espacio y el tiempo.

            Para el caso de la cultura occidental, de la cual inexorablemente forma parte la nacionalidad venezolana, además de los ya mencionados modelos de “conciliación de élites” y “decisionista-patrimonialista” se podría plantear la posibilidad de una reorganización política y social sobre la base de los postulados de las tradiciones liberal, republicana y comunitaria. Ahora bien, aceptando la probable inviabilidad temporal del llamado modelo bolivariano y socialista del siglo XXI ¿Es el liberalismo, el republicanismo o el comunitarismo, la alternativa de construcción de una sociedad viable para Venezuela?

            La experiencia histórica venezolana demuestra que el “sistema populista de conciliación de élites”, al haber derivado en un modelo fundamentado en el rentismo petrolero donde los partidos políticos terminaron fungiendo como apéndices de un Estado con clara tendencia al corporativismo, fomentó de manera tácita, luego del experimento de Estado asistencialista que tiene su más importante expresión en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, a partir de finales de la década de los ochenta del siglo pasado la primacía de la llamada “libertad negativa”, la despolitización y el desinterés por los asuntos públicos de la sociedad venezolana. Y en la medida en que las élites políticas encontraron en el Estado rentista la mayor oportunidad para garantizar la movilidad social, los segmentos mayoritarios de la población pasaron a ser el simple objeto de la “economía electoral”.

            Por otra parte, tomando en cuenta que el esquema de “democracia delegativa” que se inserta dentro del nuevo modelo de “Estado decisionista y patrimonialista de inclusión popular”, refuerza la posibilidad de un gobierno voluntarioso en donde “Bajo un pretendido debate ideológico del “socialismo del siglo XXI” se incrementa la autonomía relativa del Estado y la política estatal penetra en todos los ámbitos sociales, públicos y privados” (Andara, 2011), y que también este Estado-gobierno-partido encuentra en la economía electoral un objetivo funcional estratégico, puede inferirse que la idea de sociedad viable ha tendido en los últimos años a subordinarse a los intereses políticos personalistas de la actual élite gobernante, y por lo tanto a difuminarse en su sentido de ciudadanía.

            De esta forma, si bien el país ha venido experimentado una reestructuración de las élites gobernantes bajo las premisas de un modelo de inclusión, protagonismo e igualdad, la cultura política que concibe a la participación en las “cuestiones públicas” como uno de los más importantes mecanismos de ascenso económico-social-corporativo, no ha perdido vigencia, pues en todo caso demuestra también haber inoculado la acción pública de la actual burocracia estatal.

            Aunado a esto considérese que la acción de igualación de estratos sociales bajo la dirección de un Estado-gobierno-partido que plantea la hecatombe del “muro de separación liberal” entre lo público y lo privado, o el viraje de la economía electoral que sustituye el beneficio a los estratos medios por el de los estratos bajos de la población, lejos de generar bienestar colectivo sostenible, hasta el presente parece redundar en la profundización de las desigualdades, los odios y las desconfianzas mutuas entre clases sociales.

            Por tanto, el problema de fondo que se plantea para Venezuela es el de la superación de la imposibilidad de construir una sociedad viable más allá del desgaste natural de un gobierno o de las limitaciones políticas de una minoría que se presenta como representación de las mayorías; es decir, el de la superación de la actividad política entendida solamente como la conquista y conservación del poder a cualquier costo, en pro de la construcción de un sistema político basado en una “sociedad de ciudadanos”.

En tal sentido, un primer aspecto a considerar se refiere a la necesidad primaria de desarrollar mecanismos que permitan armonizar los principios incluidos dentro de propuestas como el liberalismo, el republicanismo o el comunitarismo –aceptando dichas tradiciones como desarrolladas por otras sociedades en otros tiempos- y los elementos característicos de la sociedad venezolana actual. De forma que se limite el riesgo de caer en la aplicación absoluta de nomenclaturas exógenas, de apelar a una negación basada en un nacionalismo exacerbado, o de darle continuidad al perenne “ensayo y error” en que ha devenido buena parte del acontecer venezolano del periodo republicano.

            Un segundo aspecto a considerar es el de la colocación de las relaciones socio-emotivas dentro de sus ámbitos específicos, de forma que pueda diferenciarse entre la real trascendencia de la gestión pública y la necesidad de identificación con estructuras supra-estatales que arropan a los ciudadanos de un modo paterno-filial a través de procesos ideologizantes (propensos estos últimos al culto a la personalidad).

            Se trata pues de cultivar una conciencia ciudadana o conciencia popular de manera que los problemas sociales dejen de ser el objeto de disputas intestinas dentro de lo que el sociólogo Javier Biardeau (2012) llamó “torneos de realpolitik y marketing político”, para pasar a ser elementos de discusión dentro de una sociedad reflexiva.

            Actualmente la compleja realidad histórica venezolana, signada por sendos procesos históricos de mestizaje, estructuración y reestructuración de élites, así como del viraje económico que marca la incorporación definitiva del país al sistema capitalista mundial a través de la explotación petrolera –cuestión que hasta el “Viernes Negro” de 1983 estimuló la idea de Venezuela como el país del “sueño latinoamericano”-, advierte sobre los posibles riesgos de la aplicación de una alternativa enteramente liberal o republicana en respuesta al llamado socialismo del siglo XXI.

            Por un lado, si bien es cierto que los principios de “autonomía individual y distinción” (en su representación como parte de la libertad positiva) plantean importantes posibilidades para la estructuración de una sociedad de derechos, las fallas del proyecto democrático representativo venezolano están estrechamente vinculadas a la tendencia al corporativismo –liberal- en el plano de la función pública, así como en la deconstrucción de las relaciones políticas que otrora permitieron a agrupaciones como Acción Democrática y Copei constituirse en partidos de masas.

            Por otro lado, el impulso de una “ciudadanía virtuosa” en la que los individuos encuentren el bienestar individual como parte del bienestar colectivo, es decir, en su participación responsable dentro de la vida cívica –republicanismo-, aparece como una posibilidad de desarrollo anclada en medianos y largos plazos. Lo cual además requiere de importantes procesos de formación para una ciudadanía adaptada a los contextos local, regional y nacional de participación. 

            Considérese, además que quien ha tenido la experiencia de vivir, pernoctar o frecuentar los espacios donde hacen vida los distintos estratos integran a nuestra sociedad actual, bien podría reafirmar el hecho de que no todo puede ser reducido a la percepción de que “todos los pobres son buenos por naturaleza”, “todos los ricos son malos por naturaleza”, o viceversa. La realidad sin duda alguna, a pesar de que se compone de esto, avanza más allá de los meros maniqueísmos; aun más cuando se trata del ejercicio de la ciudadanía.

Y es que en la medida en que estos aspectos se convierten o se  reafirman como referencias fundamentales dentro de la discusión política, los ya señalados odios y desconfianzas mutuas hacen que los intereses se tornen irreconciliables, provocando en las personas respuestas y reacciones más asociadas a las disputas por asuntos de fe y al “darvinismo social”, que a las de una sociedad de ciudadanos.

                Por tanto, una propuesta viable o alternativa para Venezuela podría encontrase en la afirmación de los distintos estratos sociales como parte de una sociedad civil o sociedad de ciudadanos que sirve de enlace, control y a la vez de soporte a un Estado democrático que asume una clara responsabilidad como servidor social. Para lo cual resulta necesario además, el reconocimiento de las experiencias históricas –la Historia como maestra de vida, no como subterfugio a la necesidad de vindicta- en lo que respecta a la conformación de instituciones que fungieron como sostenes del sistema democrático y a la activación de organizaciones y movimientos sociales bajos los principios de la autogestión y el glocalismo (más no en el territorialismo), como forma de hacer reconocimiento a los potenciales sociopolíticos que puedan permitir el desarrollo de un proyecto nacional que incorporé principios del constructivismo social.

            Sin embargo, ante esto cabe la posibilidad cierta de que sobre la base de la incorporación de tales principios se incurra en posturas idealistas en las que, discusiones intestinas sobre problemas sociales, corran a la par de la estructuración de nuevas hegemonías políticas, ideológicas o económicas.

            Debe puntualizarse, además, que pese a las distintas propuestas de inclusión y participación enmarcadas dentro del proyecto político liderado por el presidente Hugo Chávez, dirigidas a atender los problemas de desigualdad e inequidad en la distribución de las riquezas generadas por el Estado rentista, un asunto que sigue pendiente en su resolución es el relativo al logro de la movilidad social por una segmento de la población es desmedro de los otros –independientemente de si estos son minoritarios-.

            Con base a una comprensión realista de las complejidades intrínsecas a una sociedad estructurada a partir de los postulados fundamentales de la modernidad política, debe aceptarse el carácter  ineluctable de ciertas desigualdades económicas y sociales que, en todo caso permitirían la ratificación del rol social del Estado democrático –más no asistencialista-benefactor-. Considérese por tanto los dos principios de Rawls (1985), los cuales establecen que:

1.- Toda persona tiene igual derecho a un régimen plenamente suficiente de libertades básicas iguales, que sea compatible con un régimen similar de libertades para todos.

2.- Las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos condiciones: primero deben estar ligadas a empleos y funciones abiertos a todos, bajo condiciones de igualdad de oportunidades; y segundo, deben beneficiar a los miembros menos favorecidos de la sociedad. 

               

            Sin que la propuesta alternativa implique necesariamente la aplicación de un modelo comunitarista de forma absoluta, la idea de una serie de consensos mínimos basados en estos principios, y que incorporen principios de libertad e igualdad asociados a las tradiciones liberal y republicana, cobra vigencia en lo que respecta a la construcción de una sociedad de ciudadanos en Venezuela. Aunado a esto, sin recurrir al esquema de neutralidad (liberalismo) y de perfeccionismo (republicanismo), debe aceptarse que

El Estado siempre estará presente y no podrá ser neutral. Corresponde al Estado moverse en lo político y nutrirse de ese ejercicio para poder cumplir su papel regulador y garante de la igualdad, propiciando la participación y el fortalecimiento de los lazos de la sociedad en un contexto de plena democracia. Para la búsqueda de la equidad, igual que para corregir la injusticia, será necesaria la intervención del Estado. (Moncaleano, 2005: 250).

Debe, por tanto, hacerse énfasis en esto ya que la tradición histórica en Venezuela de un Estado propietario, rentista, administrador, asistencialista y benefactor lo convierte en un elemento estructural en la construcción de una sociedad viable.

Finalmente, entre la disyunción de si hay temas fundamentales que solo pueden ser tratados dentro de la esfera de lo privado o si todos los temas relacionados a hombres y mujeres están sujetos a la atención integral por parte de la sociedad y del Estado, sin excluir la dimensión humana que de manera trascedente define a los sujetos sociales, un modelo alternativo en este caso debería poder identificar los aspectos que tienen mayor trascendencia en la “cuestión pública”. Se trata pues de comprender que “La felicidad se construye sobre aspectos que mejoran la vida de las personas como cosa real; la democracia se desarrolla y se fortalece cuando todos por igual tienen acceso a la participación y eventualmente al poder” (Ibíd.: 253).

De esta manera se hace patente que un modelo alternativo de sociedad en Venezuela debe avanzar más allá de la concepción hegemónica de la política: la que ve en la democracia un mero mecanismo para acceder y mantenerse en el poder. El liberalismo en su expresión radical, es decir, la exaltación de la libertad individual, no prevé mecanismos de control ante esto; el republicanismo proclive a estructuración de gobiernos mayoritarios de carácter populista y perfeccionista colocan en este último una fuerte dependencia; y cierto tipo de comunitarismo, al considerar la integralidad del hombre político (compuesto de valores morales, religiosos y culturales) no parece evitar el riesgo ante potenciales procesos ideologizantes. 

Sin pretender aludir entonces a la adopción de un sistema de “frenos y contrapesos” como el que incluyeron los federalistas norteamericanos en la Constitución de 1787, se trata de construir un modelo de sociedad de carácter orgánico –por lo tanto con capacidad de inmunización y regeneración- en la que las fallas de una de sus partes, no implique el colapso de su totalidad.

REFERENCIAS.

ANDARA, A (2011). “El Estado decisionista y patrimonialista de inclusión popular en Venezuela: 1999-2011”. Mérida: Universidad de Los Andes (Artículo no publicado).

BIARDEAU, J. (2012). Psuv: la ilusión del triunfalismo como condición de los escenarios de derrota estratégica [artículo en línea]. Disponible en: www.aporrea.org/actualidad/a138830.html

HERNÁNDEZ, A. (Comp.) (2002). Republicanismo contemporáneo: igualdad, democracia deliberativa y ciudadanía. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de Los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales.

MONCALEANO, A. (2005). “Del liberalismo al comunitarismo de John Rawls, a Chantal Mouffe” En Papel Político 17 (junio) [artículo en línea]. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/politicas/publicaciones/documents/239-259.pdf

RAWLS, J. (1996). “La justicia como equidad: política, no metafísica (Sebastián Mazzuca, trd.). En La política (1).