29 AÑOS DE UN DÍA QUE VIVIRÁ EN LA INFAMIA

Cualquier reflexión sobre lo que representa el 4 de febrero de 1992 pasa por comprender los elementos vivenciales, de investigación y análisis político que inciden en un intento de observar un hito de nuestra historia reciente, buscando hacer confluir múltiples miradas, con el propósito de encontrar lecciones en el presente, que permitan preparar una nueva democracia e institucionalidad, que pueda ofrecerse como legado a las generaciones por venir.

Una primera consideración, en términos académicos, apunta a la necesaria revisión de cuatro textos fundamentales, que de manera directa o tributaria han abordado el rol de los protagonistas del día en que el sonido de las balas y lo cañones sustituyeron el canto de gallos y guacamayas de los amaneceres de Caracas; para este caso, en esa recomendación entran los libros ‘Hugo Chávez sin Uniforme’ de Alberto Barrera Tiszka y Cristina Marcano, ‘Habla el Comandante’ del historiador Agustín Blanco Muñoz, ‘La Rebelión de los Náufragos’ de Mirtha Rivero, y ‘Carlos Andrés Pérez: Memorias Proscritas’ de Ramón Hernández y Roberto Giusti.

Una segunda consideración se centra en la anécdota personal. Aquella madrugada del 4 de febrero un hombre de Acción Democrática parecía oler en el ambiente que la democracia sería sometida a uno de sus más difíciles retos: sobrevivir a la embestida de las armas. Mi Papá, un dirigente de esos que formaban parte de la reserva moral y doctrinaria de AD (hasta mediados de los 90’ cuando decidió renunciar al partido) se quedó despierto toda la madrugada y pudo observar en vivo y directo aquel “Extra” de Venevisión, en el que aparecía el Presidente Carlos Andrés Pérez, con un fondo negro y la bandera nacional a un lado, informando de la sublevación de un grupo de militares, de las muestras de solidaridad de presidentes de los demás países hacia la democracia venezolana, llamando a la serenidad y unidad de los venezolanos, anunciando que volvería a hablar en poco tiempo desde el Palacio de Miraflores, donde ya la insurrección había sido controlada.

A esa hora Carlos Andrés Pérez no sabía con quién contaba, pero hábilmente pudo comunicar a tiempo a los venezolanos, y en particular a las Fuerzas Armadas Nacionales, que la democracia seguía vigente.

Al caer la mañana nos dimos cuenta que no debíamos ir a la escuela, porque un grupo de militares quería acabar con la democracia y regresarnos a la dictadura. Pueden imaginarse en ese sentido, la reacción de un niño que venía educándose en los valores de una democracia que se construyó buscando dejar atrás la oprobiosa dictadura perejimenista; y mucho más atrás, la tiranía gomecista.

Después de tantos años de sucesiones democráticas, de que las instituciones civiles fueran, para bien o para mal, el centro del debate de nuestros principales problemas nacionales, el mito del militarismo, del orden y el progreso que solo pueden lograr los hombres de uniforme, hacía tambalear los cimientos de la República.

Sofocada la insurrección militar ya en las horas de la tarde, la mayor parte del país respiraba en calma, entendiendo que la democracia, que ya no era garantía exclusiva de progreso, al menos había ganado el round contra los tanques y las ametralladoras.

La realidad es que la democracia apenas sobrevivió. El faccionalismo y permanente conjura que impidieron la construcción de una civilidad institucional antes de 1958, había puesto en marcha el proyecto de destrucción de Carlos Andrés Pérez, sin importar que la concreción de dicho objetivo podría implosionar lo pilares de un sistema político con frágil institucionalidad.

Mayor alerta para cambiar a tiempo no pudo haber tenido un sistema político que fue víctima de una conjura ejecutada por oficiales superiores de las Fuerzas Armadas Nacionales, de la que tenían conocimiento el Alto Mando Militar, y los jefes de los cogollos partidistas. Algunos mitómanos de la política parecía que habían asumido que eran los titiriteros de una movida que les garantizaría mantenerse como decisores del poder. ¡Craso error! 

Aunado a esto, la izquierda perezosa sin duda alguna había encontrado un gran referente para ver cercana la posibilidad el asalto del poder por la vía de las armas, y para dar rienda suelta a sus más profundos resentimientos históricos desde el poder.

La sociedad venezolana en general, que apenas se recuperaba del gran trauma de El Caracazo, cuando vio el centro de Caracas convertido en escenario de guerra a través de las imágenes de los canales nacionales, entraba en un difícil etapa de incertidumbre, en la que cualquier mañana el país podía amanecer dominado por una dictadura militar.  

En medio de esto, no hubo una defensa unitaria y contundente de la democracia, ni siquiera por parte de quienes lograron el ascenso social y político gracias al modelo político de consensos partidistas. Más allá de las importantes palabras de apoyo irrestricto a la democracia del ex candidato presidencial Eduardo Fernández, y del incomprendido discurso en el Congreso de David Morales Bello, en los mentideros caraqueños la clase política, empresarial e intelectual murmuraba lamentando que el golpe no hubiese tenido éxito.

Aquel día de 1992 resurgió la idea de que lo que no se lograba a partir de los acuerdos políticos, se podía imponer por la decisión de la versión siglo XX de las charreteras: la boina roja y el brazalete tricolor.

Y para colmo de males, 6 años después, en 1998, no fue posible que ninguna institución frenara el ascenso de quien irrumpió en contra de la democracia, derramando sangre y provocando un gran trauma histórico, para usar esa misma democracia a favor de un proyecto discursivamente colectivista, orientado a crear una nueva clase política burguesa, empoderada a través de los negocios con el Estado, y organizada con lógica militar.

Así como hace 29 años fue herida de muerte la democracia, importante sería no esperar al trigésimo aniversario de aquel día que vivirá en la infamia, para construir una nueva institucionalidad que deje en el pasado la idea de que solo a través del ejercicio autoritario del poder podremos dar solución a nuestros problemas más apremiantes.

Así como 1992 fue el año de resurgimiento del militarismo, ojalá el 2021 sea el año del nacimiento de un nuevo espíritu democrático.

INSTITUCIONALIDAD FOR DUMMIES

El 6 de enero de 2021 pasará a la historia como el día en que turbas fanatizadas pretendieron subvertir la institucionalidad de los EEUU. El Capitolio fue el escenario de un espectáculo más propio del tribalismo chavista, que hace algunos años todavía erotizaba a la izquierda burocrática de América Latina. Casualmente sucede días antes de la toma de posesión del nuevo Presidente de los EEUU, y quizás en términos de menor importancia, de que se cumplan 60 años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1961, un 16 de enero de ese año; instrumento  normativo que sirvió de base al periodo más largo de estabilidad política de nuestra historia republicana. 

Ahora bien, el incipiente año 2021, que marcaba el límite temporal superior del proyecto personalista de Hugo Chávez (él mismo –dixit-), debe servir de espacio para generar una discusión en torno a lo que podemos y queremos ofrecerle a un país anómico, donde contrasta la recuperación del intercambio comercial, el derroche de la clase política dominante, y una economía cancerada, una infraestructura pública en ruinas, y la total  erosión de lo que alguna vez fue la institucionalidad política nacional.

Volvamos a los hechos del 6 de enero en los EEUU. Donald Trump llegó a la Presidencia como un outsider, y como un outsider deja las riendas del país, al parecer dominado por un enorme ego, que no le permitió identificar las implicaciones de invocar la fuerza destructora de la llamada “white trash”, y de los “red neck”. Opacada queda su capacidad para impulsar el crecimiento económico, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas sin grilletes ideológicos, y al menos en el discurso, el combate al totalitarismo camburero de América Latina.

Pero en su afán por generar una crisis política para tratar de reivindicar un segundo mandato, las instituciones de los EEUU, fieles a su histórica tradición y filosofía política, cerraron filas para que el sistema prevaleciera por encima de los intereses de un hombre. El colofón de esta cultura política sin duda alguna lo fue la posición institucional del Vicepresidente Mike Pence, quien encaró la sesión del Congreso que ratificaría la elección de Joe Biden como Presidente de los EEUU. La institucionalidad fue defendida por los poderes del Estado y también los partidos políticos.

Confieso que he sentido profunda admiración por haber podido observar uno de esos importantes principios que fueron centro del debate entre los llamados padres fundadores John Jay, Alexander Hamilton y John Adams en los 85 artículos compilados bajo el nombre de El Federarlista, y que sirvieron de defensa al contenido de la Constitución de los EEUU, adoptada en 1787: es decir, el sistema prevalece siempre, las instituciones prevalecen siempre.

Cuestión que es tan importante en la filosofía política de los EEUU que hasta en el cine hollywoodense, cada vez que Michael Bay acaba con el mundo en un triller de ciencia ficción, o cuando Christopher Nolan nos regaló la trilogía del Caballero de la Noche, el sistema siempre prevalece; así se tenga que sacrificar al protagonista.

Volvamos otra ver de esta digresión hacia la cultura cinéfila, para tratar de comprender que en América Latina, por el contrario, tal vez gracias al comeflorismo de Benjamin Constant y demás filósofos políticos franceses que sirvieron de influencia en la conformación de nuestras repúblicas, el sistema siempre ha subyugado su existencia a las prioridades de un hombre devenido en caudillo, o de un cogollo convertido en cónclave político.

Pasó una vez en 1993, cuando partidos políticos, empresarios, notables y militares se conjuraron en contra de Carlos Andrés Pérez, sin medir el impacto que la destitución de un presidente podía tener en una joven democracia debilitada como consecuencia de la incapacidad de reformar el Estado para responder a dinámicas cambiantes, todo esto cuando faltaban meses para que terminara de manera formal el periodo presidencial 1989-1994.

Pasó otra vez cuando Hugo Chávez materializó una reforma de la Constitución por fuera del marco legal establecido y aceptado por él mismo, al no lograr conquistar la mayoría en las Cámaras del Congreso en la Elección Parlamentaria de 1998. No hubo una Corte Suprema de Justicia, ni partidos políticos ni universidades que salieran en defensa del sistema democrático desarrollado en el marco de la vigencia de la Constitución de 1961; la despectivamente llamada “moribunda” por Hugo Chávez, había sido apuñalada por quienes debían ser sus principales defensores; algo así como nuestra versión caribeña del _Idus de Marzo- donde fue asesinado Julio César.

Y es que la única institución medianamente respetada en el desarrollo político que tuvo como base el marco regulatorio de 1961 fue el voto. Y a través del voto conquistaron el poder los enemigos de la democracia.

En este orden de ideas es difícil pensar en la sostenibilidad de una nueva democracia que tenga como único y principal debate el voto, prescindiendo de las condiciones institucionales que hacen que dicho derecho sea efectivo, y como requisito para el ejercicio de la función pública en cargos de representación popular, pero más que eso para  la contraloría ciudadana, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, la alternabilidad, el respeto a los derechos individuales y a la democratización general de todas nuestras instituciones sociales.

Más que el voto, que es uno de los diversos derechos humanos, civiles y políticos que se han desarrollado en el mundo occidental desde finales del siglo XVIII, la construcción de un proyecto histórico nuevo –o del siglo XXI- requiere de un profundo proceso de pedagogía política para comprender que la vigencia de la República se expresa principalmente en la prevalencia de sus instituciones. Y sus instituciones no son solo los poderes fácticos sino los límites que cada uno debe tener para que estén al servicios de los ciudadanos y no para ejercer control social autoritario.

En el 2021 que comienza el país insiste en seguir funcionando muy a pesar de los intentos de un régimen decadente y sus aliados domesticados para devolvernos a la época de los cogollos, o peor aún, del caudillismo y el montonerismo decimonónico. Los empleados públicos subsisten gracias a otros trabajos o emprendimientos personales, comunidades se organizan para cubrir servicios públicos que el Estado ha dejado de proveer, la mayor parte del intercambio económico se hace fuera de los marcos regulatorios, y en contraste, la despolitización de la sociedad avanza peligrosamente.

Vale la pena una última analogía en estas líneas: cuando Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez avanzaron en el derrocamiento de Ignacio Andrade en 1899, no había partidos políticos sólidos ni instituciones que soportaran la arremetida de una hueste guerrera autodenominada “revolución”; en 1998 tampoco hubo partidos políticos e instituciones que sirvieran de defensa al frágil sistema democrático.

Por eso el debate no puede ser solo en torno al voto cual si se tratara de una elección para sustituir a AD o Copei en una gobernación o una Alcaldía, o para cuidar que un espacio lo tenga la oposición y no el chavismo, independientemente de las nulas capacidades para desarrollar una gestión pública aceptable. Sin institucionalidad podemos ganar los poderes más importantes, y en seguida los eternos faccionalistas irán a complotarse con los enemigos de la República para hacer que los intereses personalísimos prevalezcan por encima de la democracia.

 ¡Son las instituciones! ¡Las instituciones!