En Venezuela, desde el
advenimiento definitivo de la democracia a partir de 1958, se consolidó un modelo de
funcionamiento estatal que nos ha permitido a muchos formarnos en escuelas,
liceos, universidades (pre y postgrado), así como contar con atención gratuita en hospitales, ambulatorios, consultorios
e instituciones públicas en general.
Tan importante es el papel
del Estado en estos ámbitos que, por ejemplo en la década de los 90 del siglo
pasado las universidades nacionales autónomas experimentaron un periodo de
mucha conflictividad como consecuencia de la potencial privatización de la
educación superior que se estipulaba (o se interpretaba) en un proyecto de ley
de universidades que buscaba limitar o reducir las funciones de financiamiento
por parte del Estado. Lo que se explica por el hecho de que, si un
aspecto ha servido en nuestra contemporaneidad al debate, en lo que se refiere
a la diferenciación de los grupos políticos, es el de la privatización de las
relaciones productivas y la atención social.
Si bien en distintos momentos
partidos como Acción Democrática y COPEI defendieron el intervencionismo
estatal, durante los últimos 60 años son las izquierdas las que prácticamente monopolizaron
el discurso contra la privatización de las funciones del Estado. En contraste,
la existencia de un Estado propietario y rentista que, independientemente de la
eficacia se reserva el control de las relaciones productivas y la atención
social, no parece haber tenido padre o madre exclusivamente de derecha o izquierda,
sino más bien progenitores emparentados con el caudillismo, el militarismo, la
socialdemocracia, la democracia cristiana, y sobre todo con el populismo.
Consecuentemente las izquierdas empoderadas del
presente han defendido de manera vehemente este tipo de intervencionismo
estatal que en la práctica trasluce (consciente o inconscientemente) el
ejercicio monopólico de un ente (Estado-Gobierno-Partido) con poderes plenos
(para legislar, impartir justicia y decidir en general).
Ahora bien, luego de la conflictividad
de los años 2002-2003, a semanas de realizarse el Referéndum Revocatorio de
2004, el fallecido presidente Hugo Chávez apeló, como respuesta a la coyuntura
electoral, al impulso de un plan macro de asistencialismo que con el nombre de “misiones”
llevaría a los venezolanos a recordar los tiempos en que Carlos Andrés Pérez I fomentó el crecimiento del Estado asistencialista a través de la creación de distintos programas sociales y subsidios.
Con la diferencia de que la profunda desigualdad social de los tiempos
presentes permitió un despliegue principalmente dirigido a servir de paliativo
a la pobreza y no de estímulo a la movilidad social. La experiencia de 9 años de
misiones, de relanzamiento, reestructuración, desestructuración y abandono de
las mismas debido al burocratismo y la corrupción derivada de un funcionamiento
que deja por fuera el ejercicio de contraloría, son prueba de lo anterior.
Ese tipo de
intervencionismo, llámese programas sociales, llámese misiones, sin duda ha ocupado
uno de los puntos más críticos de las discusiones en cuanto al papel del Estado Venezolano
en los últimos 24 años (1989-2013).
Pues bien, durante 14 años de
revolución (en principio “tercera vía”, luego bolivariana, luego socialista,
luego religiosamente chavista), el gobierno ha ejercido un sin igual papel
interventor, ya que ahora el Estado no solo
es propietario y principal agente del asistencialismo social, sino también
administrador de empresas, controlador de franquicias, comerciante, publicista,
banquero y transportista. Visto de otro modo, el gobierno venezolano ha
devenido en el gran holding que
controla y regula la mayor parte de las relaciones productivas y de asistencia
social.
En experiencias como la de
la RDA (Alemania Democrática), ese tipo de intervencionismo, si bien
profundamente totalitario, es hoy recordado por un parte del pueblo alemán como
altamente eficiente. He aquí el elemento diferencial con respecto al ejemplo
venezolano de los últimos 14 años.
Si bien nuestro país cuenta
con una red hospitalaria, educativa (en todos sus niveles) y asistencial
pública en general. Si bien el gobierno central publicita en todo momento los
grandes presupuestos asignados, los simples brochazos de pintura en una
escuela, la reparación de un tomacorriente en un hospital, entre otras cosas,
en la práctica, la mala administración de lo público aunada a patéticas condiciones laborales, nos lleva a enfrentamos con una privatización indirecta de los derechos
sociales de todos los venezolanos. Pero ¿Cómo se explica esto?
Cuando un venezolano o
venezolana, ante el hecho de que para poder ser atendido en una emergencia
hospitalaria o a nivel de consulta debe esperar por varias horas en centros
deteriorados y carentes de recursos, decide gastar su sueldo para poder ser
atendido de una manera menos traumática en una clínica, termina apelando a la
privatización.
Cuando un venezolano o
venezolana, en vista de los problemas de violencia, carencia y falta de
exigencia académica (a estudiantes y docentes) dentro de nuestras escuelas y
liceos, inscribe a sus hijos o hijas en un Colegio, está fortaleciendo la
educación privada. (Valga preguntarse cuál ha sido el periodo de nuestra
historia democrática en que más colegios privados se han creado).
Cuando un venezolano o
venezolana decide ir a las grandes cadenas de supermercados ante la escasez de
productos en redes como Mercal, Pdval o Abastos Bicentenario, incrementa los
beneficios de la empresa privada.
Cuando un grupo de
venezolanos contrata para su comunidad un servicio de vigilancia, como forma de
enfrentar la inoperancia de los cuerpos policiales y de seguridad en general, está
generando privatización de la seguridad.
Cuando un alto funcionario establece
como requisito para otorgar permisos o hacer trámites la respectiva comisión
(tajada), acrecienta fortunas privadas en detrimento del erario público.
Como estos sobran los
ejemplos en que la ineficiencia del Estado obliga a los venezolanos a
fortalecer a un sector privado que, valiéndose de su relativa eficacia, sigue
imponiendo sus prerrogativas las reglas en lo que se refiere a las relaciones
productivas y la prestación de servicios. (Importante es que se revise los
mecanismos de adecuación de muchas empresas a la legislación laboral para dar
con uno de los elementos que dan peso a este aserto).
Un buen revolucionario de
estos tiempos podría colocar la responsabilidad de todo esto en una sociedad
inoculada con la “enfermedad del capitalismo”. No obstante, la histórica
dependencia de la nuestra con respecto al Estado, hace pensar en explicaciones
distintas.
Nuestro presente cotidiano,
el de las colas, el de la inseguridad, el de la ineficiencia gubernamental, el
de la explotación del hombre por el Estado rentista, señala dos grupos
diferenciados, pero igualmente afectados por las contradicciones de un proyecto
país construido con los despojos políticos del llamado “bipartidismo
adeco-copeyano” y los ideológicos de la Cuba de los Castro.
Se trata de un gran grupo de
perennes acreedores convencidos de la ineludible responsabilidad del Estado en
la resolución de sus más mínimas necesidades, de que su pobreza es el producto
de la riqueza de otros (en el caso de los pobres), o de que no retribuyen en
forma de salario por los servicios prestados sino que regalan sus dineros a los
empleados (en el caso de los propietarios). Y de otro grupo que, convencido de
la necesaria capacitación, del emprendimiento, de la libre competencia, de la
responsabilidad social y de la resolución práctica y apremiante de los
problemas, debe sobrevivir sorteando los vicios de los sectores público y
privado que, dicho sea de paso, ninguno brinda los mejores servicios y beneficios.
Nuestro problema como sociedad-país
es que nos enfrentamos a un Estado cada vez más grande y a la vez más
ineficiente, que nos obliga a rechazar la atención social que ha asumido como
responsabilidad. De forma que en la Venezuela de la segunda década del siglo
XXI es claro que conviven dos países que rehúyen el uno del otro, que han
asumido modelos de funcionamiento independientemente de que los mismos
impliquen la negación de los derechos y responsabilidades del otro.
Un Estado interventor
altamente burocratizado y corrupto puede generar sobre la población efectos tan
perniciosos como los sistemas fisiocráticos. Con un Estado laissez faire las empresas más competitivas
son las que obtienen la mayor ganancia sin importar los costes sociales. Sin
embargo, con un Estado interventor como el venezolano, son las empresas que se pliegan al gobierno,
y no necesariamente las más competitivas las que se arrogan este beneficio, sin que esto implique la
reducción del impacto social.
En medio de tales
circunstancias los vampiros políticos y los empresarios explotadores siguen
amasando fortunas. Los primeros a través de la corrupción estatal, los segundos
a través de sus monopolios; ambos a través de la administración de la miseria y
la explotación de los venezolanos.
Lo más grave de todo esto:
en una sociedad en medio de una profunda crisis ética y moral, en una sociedad
altamente polarizada, son muy pocos los que se atreven a denunciar las faltas
cometidas por el sector público y el sector privado debido a solidaridades
corporativas injustificadas, o por el temor a ser lanzados como parias a un
tercer país inexistente.
