SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN MODELO POLÍTICO Y SOCIAL ALTERNATIVO DESDE LOS REFERENTES HISTÓRICOS Y LAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO POLÍTICO OCCIDENTAL.
Durante
el siglo XX venezolano, luego de la finalización del ciclo de las dictaduras
militares (1958), se plantea la posibilidad concreta –después del experimento
fallido del trienio 1945-1948- de desarrollar un proyecto democrático liberal
(en alusión a una expresión usada por el historiador Germán Carrera Damas) bajo
lo que para entonces representó un acuerdo mínimo de gobernabilidad –Pacto de
Punto Fijo, “gobierno de la Ancha Base”- entre las fuerzas políticas en las que
se agrupaba la élite política formada en la herencia de la Generación del 28.
Sin embargo encontramos como la
apuesta por una institucionalidad solida como forma de asegurar el no retorno
del militarismo y el paternalismo estatal no fue capaz de mantenerse ante la
emergencia del populismo, la consolidación del rentismo, el burocratismo, la tendencia
al clientelismo de los partidos políticos y la profundización de las
desigualdades sociales. A la sazón, los intentos de sinceración y
reestructuración del sistema político venezolano a finales de la década de los
ochenta y principios de la de los noventa del siglo pasado, al no funcionar en alternancia con los
respectivos paliativos que permitieran aminorar el costo social de las
tentativas de reforma del Estado, agravaron la crisis de la democracia
representativa, haciendo de ésta un modelo jurídico, político y social
inviable.
Ante el ritmo paquidérmico que había
asumido el Estado venezolano con respecto a la generación de movilidad,
estabilidad y bienestar social, el “sistema populista de conciliación de
élites” (Rey, 1991 citado por Andara) es sustituido por un “modelo de Estado
decisionista y patrimonialista de inclusión popular” (Andara, 2011). Con esto
la apuesta por el “Estado mínimo” apoyado desde las corrientes conservadoras y
liberales resulta paradójicamente desplazada por un Estado reforzado en sus
poderes, proclive al presidencialismo.
Si bien es cierto que luego de trece
años desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, y de alrededor de
siete después del impulso inicial del llamado “socialismo del siglo XXI” en
Venezuela, nos encontramos ante un panorama de reivindicación de los derechos a
la participación y atención por parte del gobierno de los sectores más
desposeídos, así como en el de los intentos por construir una nueva mentalidad
social regida por los principios de la solidaridad, la participación, la
autogestión y la “defensa de la patria”, las contradicciones objetivas nos
muestran a un modelo político transicional incapaz de no reeditar los llamados
“vicios” de la democracia representativa. Que además parece apostar por una
ruptura radical de las barreras entre las esferas de lo público y lo privado,
bajo la tutela de un Estado hegemonizante de los diversos espacios de la vida
social.
En contraste, si bien puede
aceptarse la viabilidad política del proyecto liderado por el presidente Hugo
Chávez en tanto este sea la cabeza del Estado venezolano, elementos políticos,
sociológicos y ontológicos expresan la inviabilidad de la sociedad venezolana
bajo los patrones de hábitat, consumo y desarrollo en general que se han venido
reafirmando en los últimos años.
Dentro de todo este panorama al
menos un elemento aparece claro: la afirmación del ejercicio de la ciudadanía
como forma de construcción de un proyecto nacional democrático expresado en un
nuevo contrato social que más que alternativo sea viable en el espacio y el
tiempo.
Para el caso de la cultura
occidental, de la cual inexorablemente forma parte la nacionalidad venezolana,
además de los ya mencionados modelos de “conciliación de élites” y
“decisionista-patrimonialista” se podría plantear la posibilidad de una
reorganización política y social sobre la base de los postulados de las
tradiciones liberal, republicana y comunitaria. Ahora bien, aceptando la
probable inviabilidad temporal del llamado modelo bolivariano y socialista del
siglo XXI ¿Es el liberalismo, el republicanismo o el comunitarismo, la
alternativa de construcción de una sociedad viable para Venezuela?
La experiencia histórica venezolana
demuestra que el “sistema populista de conciliación de élites”, al haber
derivado en un modelo fundamentado en el rentismo petrolero donde los partidos
políticos terminaron fungiendo como apéndices de un Estado con clara tendencia
al corporativismo, fomentó de manera tácita, luego del experimento de Estado
asistencialista que tiene su más importante expresión en el primer gobierno de
Carlos Andrés Pérez, a partir de finales de la década de los ochenta del siglo
pasado la primacía de la llamada “libertad negativa”, la despolitización y el
desinterés por los asuntos públicos de la sociedad venezolana. Y en la medida en
que las élites políticas encontraron en el Estado rentista la mayor oportunidad
para garantizar la movilidad social, los segmentos mayoritarios de la población
pasaron a ser el simple objeto de la “economía electoral”.
Por otra parte, tomando en cuenta
que el esquema de “democracia delegativa” que se inserta dentro del nuevo
modelo de “Estado decisionista y patrimonialista de inclusión popular”,
refuerza la posibilidad de un gobierno voluntarioso en donde “Bajo un
pretendido debate ideológico del “socialismo del siglo XXI” se incrementa la
autonomía relativa del Estado y la política estatal penetra en todos los
ámbitos sociales, públicos y privados” (Andara, 2011), y que también este
Estado-gobierno-partido encuentra en la economía electoral un objetivo
funcional estratégico, puede inferirse que la idea de sociedad viable ha
tendido en los últimos años a subordinarse a los intereses políticos
personalistas de la actual élite gobernante, y por lo tanto a difuminarse en su
sentido de ciudadanía.
De esta forma, si bien el país ha
venido experimentado una reestructuración de las élites gobernantes bajo las
premisas de un modelo de inclusión, protagonismo e igualdad, la cultura
política que concibe a la participación en las “cuestiones públicas” como uno
de los más importantes mecanismos de ascenso económico-social-corporativo, no
ha perdido vigencia, pues en todo caso demuestra también haber inoculado la
acción pública de la actual burocracia estatal.
Aunado a esto considérese que la
acción de igualación de estratos sociales bajo la dirección de un
Estado-gobierno-partido que plantea la hecatombe del “muro de separación
liberal” entre lo público y lo privado, o el viraje de la economía electoral
que sustituye el beneficio a los estratos medios por el de los estratos bajos
de la población, lejos de generar bienestar colectivo sostenible, hasta el
presente parece redundar en la profundización de las desigualdades, los odios y
las desconfianzas mutuas entre clases sociales.
Por tanto, el problema de fondo que
se plantea para Venezuela es el de la superación de la imposibilidad de
construir una sociedad viable más allá del desgaste natural de un gobierno o de
las limitaciones políticas de una minoría que se presenta como representación
de las mayorías; es decir, el de la superación de la actividad política
entendida solamente como la conquista y conservación del poder a cualquier
costo, en pro de la construcción de un sistema político basado en una “sociedad
de ciudadanos”.
En
tal sentido, un primer aspecto a considerar se refiere a la necesidad primaria de
desarrollar mecanismos que permitan armonizar los principios incluidos dentro
de propuestas como el liberalismo, el republicanismo o el comunitarismo –aceptando
dichas tradiciones como desarrolladas por otras sociedades en otros tiempos- y
los elementos característicos de la sociedad venezolana actual. De forma que se
limite el riesgo de caer en la aplicación absoluta de nomenclaturas exógenas, de
apelar a una negación basada en un nacionalismo exacerbado, o de darle
continuidad al perenne “ensayo y error” en que ha devenido buena parte del
acontecer venezolano del periodo republicano.
Un segundo aspecto a considerar es
el de la colocación de las relaciones socio-emotivas dentro de sus ámbitos
específicos, de forma que pueda diferenciarse entre la real trascendencia de la
gestión pública y la necesidad de identificación con estructuras
supra-estatales que arropan a los ciudadanos de un modo paterno-filial a través
de procesos ideologizantes (propensos estos últimos al culto a la personalidad).
Se trata pues de cultivar una conciencia
ciudadana o conciencia popular de manera que los problemas sociales dejen de
ser el objeto de disputas intestinas dentro de lo que el sociólogo Javier Biardeau
(2012) llamó “torneos de realpolitik y marketing político”, para pasar a ser
elementos de discusión dentro de una sociedad reflexiva.
Actualmente la compleja realidad
histórica venezolana, signada por sendos procesos históricos de mestizaje,
estructuración y reestructuración de élites, así como del viraje económico que
marca la incorporación definitiva del país al sistema capitalista mundial a
través de la explotación petrolera –cuestión que hasta el “Viernes Negro” de
1983 estimuló la idea de Venezuela como el país del “sueño latinoamericano”-, advierte
sobre los posibles riesgos de la aplicación de una alternativa enteramente
liberal o republicana en respuesta al llamado socialismo del siglo XXI.
Por un lado, si bien es cierto que
los principios de “autonomía individual y distinción” (en su representación
como parte de la libertad positiva) plantean importantes posibilidades para la
estructuración de una sociedad de derechos, las fallas del proyecto democrático
representativo venezolano están estrechamente vinculadas a la tendencia al
corporativismo –liberal- en el plano de la función pública, así como en la
deconstrucción de las relaciones políticas que otrora permitieron a agrupaciones
como Acción Democrática y Copei constituirse en partidos de masas.
Por otro lado, el impulso de una
“ciudadanía virtuosa” en la que los individuos encuentren el bienestar
individual como parte del bienestar colectivo, es decir, en su participación
responsable dentro de la vida cívica –republicanismo-, aparece como una
posibilidad de desarrollo anclada en medianos y largos plazos. Lo cual además
requiere de importantes procesos de formación para una ciudadanía adaptada a
los contextos local, regional y nacional de participación.
Considérese, además que quien ha
tenido la experiencia de vivir, pernoctar o frecuentar los espacios donde hacen
vida los distintos estratos integran a nuestra sociedad actual, bien podría
reafirmar el hecho de que no todo puede ser reducido a la percepción de que “todos
los pobres son buenos por naturaleza”, “todos los ricos son malos por
naturaleza”, o viceversa. La realidad sin duda alguna, a pesar de que se
compone de esto, avanza más allá de los meros maniqueísmos; aun más cuando se
trata del ejercicio de la ciudadanía.
Y
es que en la medida en que estos aspectos se convierten o se reafirman como referencias fundamentales
dentro de la discusión política, los ya señalados odios y desconfianzas mutuas
hacen que los intereses se tornen irreconciliables, provocando en las personas respuestas
y reacciones más asociadas a las disputas por asuntos de fe y al “darvinismo
social”, que a las de una sociedad de ciudadanos.
Por tanto, una propuesta viable o
alternativa para Venezuela podría encontrase en la afirmación de los distintos
estratos sociales como parte de una sociedad civil o sociedad de ciudadanos que
sirve de enlace, control y a la vez de soporte a un Estado democrático que
asume una clara responsabilidad como servidor social. Para lo cual resulta
necesario además, el reconocimiento de las experiencias históricas –la Historia
como maestra de vida, no como subterfugio a la necesidad de vindicta- en lo que
respecta a la conformación de instituciones que fungieron como sostenes del
sistema democrático y a la activación de organizaciones y movimientos sociales
bajos los principios de la autogestión y el glocalismo (más no en el
territorialismo), como forma de hacer reconocimiento a los potenciales
sociopolíticos que puedan permitir el desarrollo de un proyecto nacional que
incorporé principios del constructivismo social.
Sin embargo, ante esto cabe la
posibilidad cierta de que sobre la base de la incorporación de tales principios
se incurra en posturas idealistas en las que, discusiones intestinas sobre
problemas sociales, corran a la par de la estructuración de nuevas hegemonías
políticas, ideológicas o económicas.
Debe puntualizarse, además, que pese
a las distintas propuestas de inclusión y participación enmarcadas dentro del
proyecto político liderado por el presidente Hugo Chávez, dirigidas a atender
los problemas de desigualdad e inequidad en la distribución de las riquezas
generadas por el Estado rentista, un asunto que sigue pendiente en su
resolución es el relativo al logro de la movilidad social por una segmento de
la población es desmedro de los otros –independientemente de si estos son
minoritarios-.
Con base a una comprensión realista
de las complejidades intrínsecas a una sociedad estructurada a partir de los
postulados fundamentales de la modernidad política, debe aceptarse el
carácter ineluctable de ciertas
desigualdades económicas y sociales que, en todo caso permitirían la ratificación
del rol social del Estado democrático –más no asistencialista-benefactor-.
Considérese por tanto los dos principios de Rawls (1985), los cuales establecen
que:
1.- Toda persona tiene igual
derecho a un régimen plenamente suficiente de libertades básicas iguales, que
sea compatible con un régimen similar de libertades para todos.
2.- Las desigualdades sociales y
económicas deben satisfacer dos condiciones: primero deben estar ligadas a
empleos y funciones abiertos a todos, bajo condiciones de igualdad de
oportunidades; y segundo, deben beneficiar a los miembros menos favorecidos de
la sociedad.
Sin que la propuesta alternativa
implique necesariamente la aplicación de un modelo comunitarista de forma
absoluta, la idea de una serie de consensos mínimos basados en estos
principios, y que incorporen principios de libertad e igualdad asociados a las
tradiciones liberal y republicana, cobra vigencia en lo que respecta a la
construcción de una sociedad de ciudadanos en Venezuela. Aunado a esto, sin recurrir
al esquema de neutralidad (liberalismo) y de perfeccionismo (republicanismo),
debe aceptarse que
El Estado siempre estará presente y no podrá
ser neutral. Corresponde al Estado moverse en lo político y nutrirse de ese
ejercicio para poder cumplir su papel regulador y garante de la igualdad,
propiciando la participación y el fortalecimiento de los lazos de la sociedad
en un contexto de plena democracia. Para la búsqueda de la equidad, igual que
para corregir la injusticia, será necesaria la intervención del Estado. (Moncaleano, 2005: 250).
Debe,
por tanto, hacerse énfasis en esto ya que la tradición histórica en Venezuela
de un Estado propietario, rentista, administrador, asistencialista y benefactor
lo convierte en un elemento estructural en la construcción de una sociedad
viable.
Finalmente,
entre la disyunción de si hay temas fundamentales que solo pueden ser tratados
dentro de la esfera de lo privado o si todos los temas relacionados a hombres y
mujeres están sujetos a la atención integral por parte de la sociedad y del
Estado, sin excluir la dimensión humana que de manera trascedente define a los
sujetos sociales, un modelo alternativo en este caso debería poder identificar
los aspectos que tienen mayor trascendencia en la “cuestión pública”. Se trata
pues de comprender que “La felicidad se construye
sobre aspectos que mejoran la vida de las personas como cosa real; la
democracia se desarrolla y se fortalece cuando todos por igual tienen acceso a
la participación y eventualmente al poder” (Ibíd.: 253).
De esta manera se hace patente que un modelo
alternativo de sociedad en Venezuela debe avanzar más allá de la concepción
hegemónica de la política: la que ve en la democracia un mero mecanismo para
acceder y mantenerse en el poder. El liberalismo en su expresión radical, es
decir, la exaltación de la libertad individual, no prevé mecanismos de control
ante esto; el republicanismo proclive a estructuración de gobiernos
mayoritarios de carácter populista y perfeccionista colocan en este último una
fuerte dependencia; y cierto tipo de comunitarismo, al considerar la
integralidad del hombre político (compuesto de valores morales, religiosos y
culturales) no parece evitar el riesgo ante potenciales procesos
ideologizantes.
Sin pretender aludir entonces a la adopción de un
sistema de “frenos y contrapesos” como el que incluyeron los federalistas
norteamericanos en la Constitución de 1787, se trata de construir un modelo de
sociedad de carácter orgánico –por lo tanto con capacidad de inmunización y
regeneración- en la que las fallas de una de sus partes, no implique el colapso
de su totalidad.
REFERENCIAS.
ANDARA, A (2011). “El Estado decisionista y
patrimonialista de inclusión popular en Venezuela: 1999-2011”. Mérida:
Universidad de Los Andes (Artículo no publicado).
BIARDEAU, J. (2012). Psuv: la ilusión del
triunfalismo como condición de los escenarios de derrota estratégica [artículo en línea]. Disponible en: www.aporrea.org/actualidad/a138830.html
HERNÁNDEZ, A. (Comp.) (2002). Republicanismo contemporáneo: igualdad, democracia deliberativa y
ciudadanía. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de Los Andes,
Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales.
MONCALEANO, A. (2005). “Del liberalismo al
comunitarismo de John Rawls, a Chantal Mouffe” En Papel Político 17 (junio) [artículo
en línea]. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/politicas/publicaciones/documents/239-259.pdf
RAWLS, J. (1996). “La justicia como equidad:
política, no metafísica (Sebastián Mazzuca, trd.). En La política (1).
